Domínguez defiende como «muy normal» el cambio del contrato del parking del CIBIR

Domínguez ha comparecido en calidad de director general de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional en 2013, cuando se realizó el cambio en el contrato que establecía compensaciones para la concesionaria, con el fin de restablecer el equilibrio económico del contrato, dada la baja ocupación del aparcamiento, muy inferior a la prevista.

Ha recalcado que incluir el equilibrio económico para el concesionario "está en toda la legislación occidental desde el derecho romano y en " y ha añadido que la Fundación Rioja Salud no estaba obligada a solicitar el informe a los Servicios Jurídicos, pero lo hizo para salvaguardar el interés público.

En cualquier caso, ha dicho, el informe se refería a la legalidad del cambio contractual "y no a otra cosa" y en ese tipo de informes "está muy tasado lo que puede decir un informe jurídico".

"Se trataba de un contrato entre entidades privadas, afectado por el derecho privado y no por todo los relevante a la regulación de contratación pública de el momento del documento inicial, que era 2010", ha detallado.

Ha insistido en que "se trataba de una modificación de contrato muy normal, por cambio de las circunstancias o un riesgo imprevisible" y "se comprobó que sucedían esas dos cosas y el informe fue favorable".

La Ley establece, ha detallado, que se puede modificar un contrato si existe un riesgo imprevisible -en este caso, que la ocupación estuviera muy por debajo de la esperada- y si afecta al interés general "y el cambio fue beneficioso para la administración" que, de lo contrario, hubiera tenido que compensar más a la empresa.

El ahora consejero ha explicado que el que algunas entidades relacionadas con la administración, como fundaciones, pidan informes a la asesoría jurídica es "habitual".

Así, ha detallado, de unos 900 estudios de este tipo que hacen los servicios jurídicos al año, el 15 por ciento corresponden a organismos que no están obligados a ello "pero que así obtienen mayor legitimidad", ha defendido.

A preguntas de los diputados, ha insistido en que el canon ingresado, ocho millones más IVA, no tuvo "un destino finalista, como la mayoría de los ingresos de la administración" aunque "entiende" que se dedicó "a asistencia e investigación sanitaria, que son los fines de la Fundación Rioja Salud".

Domínguez ha subrayado que en el momento de la modificación del contrato él no tenía datos de ocupación del estacionamiento "y no había elementos de juicio para creer que el negocio no se iba a producir porque las causas de rotura del equilibrio económico no las verifica un letrado".

Por último ha asegurado que no recuerda si se realizó un informe jurídico sobre el cerramiento de parte del aparcamiento público del hospital para que fuera de pago "pero sí que mi opinión fue favorable", ha admitido.

La diputada socialista Nuria del Río ha llamado la atención sobre el que "ahora el consejero dice que el informe no era obligatorio y ayer el director de la Fundación dijo que sí".

Ha calificado como "una falta de respeto y algo de risa" el que "se diga de nuevo que era imprevisible saber que el estacionamiento iba a tener una baja ocupación" porque "además, en el mismo contrato se habla ya de que había una situación de crisis".

La portavoz en la comisión del Grupo Popular, Concepción Arruga, ha defendido que el contrato "se hizo para que tuviera éxito" y "aunque en este expediente no hacía falta un informe jurídico, la Fundación Rioja Salud lo pidió".

"De unos 60.000 contratos que firma la administración riojana, tiene un informe así unos 900", ha relatado "y tampoco se trata de hacer más documentos para dar más grosor al expediente", ha dicho Arruga, que ha acusado a la oposición de "elucubrar" y de "tratar de ver con las gafas de hoy lo que sucedió ayer".

Frente a la opinión del consejero, Germán Cantabrana, de Podemos ha insistido en que "el contrato no era bueno para el interés general" y "sí era lesivo y difícilmente rentable para empresa" y "eso ya lo sabía el Gobierno en 2013" con lo que no entiende el informe jurídico emitido.

Tomás Martínez Flaño, de Ciudadanos, por su parte, cree que se realizó el informe jurídico "porque sin él, difícilmente hubiera sido legal este contrato" y aunque "entiendo que el contratista no asuma un riesgo excesivo, no comprendo por qué se cambiaron las cláusulas para que no asumiera ninguno", ha concluido.