EFE
Lunes, 24 de abril 2017, 13:55
El Parlamento regional ha aprobado hoy, con el apoyo unánime de los cuatro grupos, la Renta de Ciudadanía, que nace como "un nuevo derecho adquirido por los riojanos" para contribuir a "no dejar a nadie atrás".
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Así lo ha asegurado hoy el presidente del ... Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros, que ha cerrado el debate de este proyecto de Ley, después de las intervenciones de los portavoces parlamentarios y del consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar.
Ceniceros ha afirmado que este es un proyecto "central" en la legislatura y refleja que la sociedad riojana es "solidaria y sabe compartir y trabajar en común para no dejar a nadie atrás".
Esta renta, ha dicho, supone ofrecer una ayuda "justa, eficaz y digna" a las personas en dificultades, "sobre todo a quienes han sufrido con más rigor los efectos de la crisis".
Ha defendido que se trata de "un proyecto de todos", en el que "han puesto lo mejor de sí mismos los agentes sociales, las entidades del tercer sector, ayuntamientos, trabajadores sociales y los grupos parlamentarios", a los que ha agradecido su trabajo.
"Todos sabemos caminar a una cuando hay que ayudar a los riojanos que lo están pasando mal, mediante una Ley que plasma la solidaridad de los riojanos y que desde hoy supone un nuevo derecho", ha incidido Ceniceros.
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Ha asegurado que, además de "garantizar las necesidades básicas", esta renta quiere ser "una ventana al empleo", por medio de las disposiciones que incluye para acceder a itinerarios personalizados de búsqueda de empleo y la posibilidad de percibirla mientras se desarrolla un trabajo a tiempo parcial.
"Queremos construir un futuro compartido, más solidario y más justo" y, aunque "queda mucho trabajo por recorrer" para erradicar la pobreza "este es un paso firme y en buena dirección", ha concluido el presidente.
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Antes de su intervención, Escobar ha mostrado su "especial satisfacción" por el proyecto y por la participación en una iniciativa que "da rango de Ley a la protección social".
"Vamos a mejorar la vida de quien lo está pasando mal, con más oportunidades, más eficiencia en las ayudas y un avance en igualdad, justicia y utilidad", ha asegurado.
«No es la panacea»
Ha admitido que "sería ingenuo pensar que es la panacea o la solución a todos los males porque somos conscientes del contexto social en el que vivimos", ha reconocido el consejero, quien ha recordado que ya hay doce comunidades autónomas en España que tienen una renta de este tipo.
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Por encima de esa medida concreta, ha concluido, lo que plantea esta Ley es "un cambio en el modelo de inclusión social" porque "la pobreza es indigna e inaceptable" y, ante ello, "anticiparse a la exclusión es una exigencia ética y una fenomenal inversión social".
La portavoz del Grupo Popular, Concepción Arruga, ha recordado que, en 2015, casi 3.000 personas pidieron ayudas de las que ahora serán sustituidas por la Renta de Ciudadanía, que "va a contribuir a reducir la pobreza, pero no la va a erradicar".
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Sí que facilitará, ha dicho, que sus perceptores sean "ciudadanos más fuertes, con más habilidades y predisposición a trabajar" por medio de unas ayudas que tienen una previsión presupuestaria para este año de 12 millones de euros, "aunque desconocemos el impacto real, que puede llegar a 15 millones".
Se trata, ha insistido, de una Ley "realista y viable financieramente", en la que "lo importante es el proyecto individualizado para cada perceptor", con el fin de facilitar su inserción laboral, que es el objetivo final de la renta.
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La diputada socialista Ana Santos ha explicado que su grupo apoya el proyecto porque "mejora de forma ostensible las ayudas sociales actuales y la dignidad de riojanos que se encuentran en el límite de la supervivencia" mediante un ingreso "mínimo".
"Es una Ley que no acaba con la pobreza, algo a lo que no renunciamos, pero supone un paso importante", ha dicho Santos, quien ha reclamado que se incida en la "inserción laboral".
En este sentido, ha asegurado que "algunas cesiones" de su grupo han deparado "mejoras importantes" al texto legal, que "en su propuesta inicial era más corto y menos ambicioso".
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Podemos, ha dicho su diputada Natalia Rodríguez, ha expresado su respaldo a esta ley, aunque ha criticad de ella algunos aspectos negativos, como que solo suponga un aumento de 21 euros respecto a las ayudas actuales para hogares de una persona.
Cree, además, que "no se ha hecho un diagnóstico adecuado de la situación" antes de redactar la Ley y, "por eso, se han establecido cuantías que no van a permitir una autonomía de los ciudadanos, ni va a haber una inserción laboral real", con lo que "esta renta es un paso más y por eso la apoyamos, pero es pequeño y no nos convence".
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En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, Rebeca Grajea, ha explicado que su grupo apoya esta ley, aunque ve deficiencias en ella, como que no cuenta con una financiación suficiente para las necesidades de la comunidad.
También ha criticado que el texto "no se marca un objetivo cuantificable", ni se establece "un límite temporal al proyecto individualizado de los perceptores", con lo que se pueden crear "rentistas crónicos".
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