La PAH riojana pide el apoyo del Parlamento para su Ley de Vivienda

Verano ha precisado que también han aportado cartas de los afectados dirigidas al presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, para explicarle "la situación tan angustiosa que se vive con un desahucio", así como "muchas firmas" de ciudadanos, cuyo número no ha precisado.

Por su parte, García ha explicado que esta propuesta recoge cinco demandas "siempre" reivindicadas por la PAH, que considera que "son unos mínimos necesarios que hay que tener en cuenta ante la situación actual".

"Mientras esas propuestas se dirimen en el Congreso de los Diputados, nosotros aquí, a nivel regional, le vamos a pedir a nuestros representantes regionales que defiendan y muestren su apoyo a esta propuesta de Ley de Vivienda", ha afirmado.

La portavoz de este colectivo ha reconocido que "ha habido cosas que han mejorado un mínimo, medidas paliativas, que no solucionan el problema real que existe", para lo que han presentado este texto.

Ha detallado que la primera de estas demandas es la dación en pago retroactiva, que incluye la creación de mecanismos de segunda oportunidad para concederla y la condonación de la deuda, así como la inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas y la eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica.

El segundo punto de esta ley se centra en el alquiler asequible, para el que esta plataforma solicita una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para dar seguridad y estabilidad, la ampliación a un mínimo de cinco años o que el contrato solo se pueda rescindir por urgencia.

Esta portavoz de la PAH ha propuesto que se establezca un marco de regulación de los precios que correspondan a los ingresos de la población "para que la vivienda pueda ser asequible para todos".

La tercera demanda es "paralizar todos los desahucios", con la moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor y la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda a ofrecer el alquiler social a familias previo desahucio.

García ha incluido en este tercer punto que la Administración Pública tenga que ofrecer obligatoriamente realojos incluso frente a casos de ocupación y que se asegure el derecho de arraigo de los realojos, ofreciéndoles en el mismo municipio y barrio.

La cuarta parte del texto tiene que ver con la vivienda social, y pide la movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, que se incremente el parque público de vivienda y Alquileres Sociales que no sobrepasen el 30 por ciento de los ingresos de la familia.

Por último, el quinto punto solicita suministros garantizados con el principio de precaución, que garantice que no se corten el agua, la luz y el gas sin antes tener información sobre la situación de los afectados.

El texto concluye con la tarifa social, que implica el pago en función de la capacidad adquisitiva y que no se asuman las deudas con recursos públicos, de forma que se obligue a las suministradoras a asumir el coste de las familias que no puedan pagar.