El Supremo abre la vía a decenas de municipios riojanos para cobrar por el tendido eléctrico

En la práctica se trata de un peaje por los terrenos municipales que sobrevuelan las líneas de distribución y que en La Rioja afectaría a los municipios por los que transcurren los 271 kilómetros de la red de transporte eléctrico que, básicamente, vertebran la región de este a oeste. También podrían recurrir a la vía judicial en demanda de este canon las localidades afectadas por los 900 kilómetros de la red de Gas Natural Fenosa, que en esta comunidad distribuye a través de Gas Natural Rioja. Pero antes, los ayuntamientos deberán haber aprobado sus respectivas ordenanzas municipales en las que, entre otras disposiciones, se fije el tributo a pagar.

Así ha ocurrido con los primeros consistorios de otras comunidades, como Arteixo en La Coruña y Villalcampo en Zamora, bendecidos ahora por el alto tribunal, que en el 2014 aprobaron sus ordenanzas fiscales en las que se establecían la regulación y las tarifas de una tasa que desde un primer momento estas grandes compañías se negaron a pagar, en algunos casos porque no la reconocían, y en otros porque la consideraban desproporcionada. Finalmente, el Supremo, que tenía la última palabra, en diciembre pasado avaló aquellas ordenanzas fiscales y aceptó que se valoraran como construcciones los tendidos eléctricos y las canalizaciones de gas y que se fijara el gravamen tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada del mencionado uso. Es más, el tribunal sentenció que los ayuntamientos habían aplicado unos parámetros objetivos y proporcionados para determinar el impuesto.

El fallo ha sido recibido desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con los brazos abiertos. Su vicepresidenta, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, es contundente al considerar netamente «positiva» una sentencia que «reconoce la legalidad de la tasa y, por tanto, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan gravar ese tipo de actividades que se desarrollan en nuestros municipios». Además, apunta, será un 'plus' que permitirá financiar las diferentes prestaciones municipales.

Nada más conocerse las sentencias, la FEMP, que ha descartado elaborar una ordenanza tipo, comenzó a redactar un documento con criterios generales y recomendaciones respecto a lo que suponen los fallos, así como las posibilidades que se abren a los ayuntamientos a la hora de redactar las ordenanzas correspondientes. Entre los consejos, esta asociación de entidades locales pide prudencia porque antes de elaborar la mencionada normativa es preciso efectuar un inventario de utilización de suelo, subsuelo y vuelo de las energéticas en el que consten, entre otros aspectos, los metros de ocupación. En paralelo también sería necesario un informe técnico y económico. Documentos que, según Gamarra, requieren una inversión que podría no compensar con los ingresos que a futuro se obtengan con la tasa. En definitiva, que sean más caras las cintas que el manto. No obstante, recuerda que los ayuntamientos son los que al final tienen que decidir si aplicar el gravamen o no.

La FEMP, que ya ha recibido peticiones de información de numerosos municipios de España, ha solicitado a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda una serie de aclaraciones sobre la compatibilidad de esta tasa con la que ya cobran algunos ayuntamientos por dominio público y que en el caso de Logroño reportan unos ingresos de unos 2 millones de euros.

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Roberto Varona, aplaude una decisión judicial que, a la postre, redundará en beneficio de las arcas municipales.

El lógico optimismo de las entidades locales contrasta con el también natural descontento de las grandes compañías energéticas del país que calculan que el 'roto' les podría suponer un desembolso de unos 50 millones de euros. Una de las más afectadas es Red Eléctrica de España que, en declaraciones a Diario LA RIOJA, aseguró que de momento ningún ayuntamiento de esta comunidad les ha pasado al cobro la tasa ni tienen constancia que exista ningún litigio abierto por este motivo.

Y aunque no se niegan a pagar el gravamen si finalmente hay que pagarlo, aseguran que antes agotarán todos los recursos judiciales. Mostraron su desacuerdo con los fallos judiciales por la discrecionalidad y por los montantes desproporcionados que se barajan. Y si bien «no nos oponemos a que haya una tasa» si la hay consideran que debería seguir los mismos criterios en todos los municipios, de ahí que creen necesario un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP para que se fije una tasa uniforme. En cualquier caso, avisan de que se considerarán gastos de mantenimiento y por tanto se repercutirán en el sistema y finalmente en el cliente.