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Luis J. Ruiz
Domingo, 26 de marzo 2017, 00:11
Tiene un nombre tan complejo -Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana- como sencilla (y engañosa) es su liquidación: poco más que una regla de tres que combina el valor catastral del inmueble con el número de años de titularidad para acabar despejando una 'equis' que siempre será positiva. y que dejará en las arcas municipales miles de euros. Es la famosa 'plusvalía', un tributo propio y voluntario de los ayuntamientos que ha evidenciado su entre deficiente y tramposa formulación durante la crisis económica. Ajeno a la existencia real de beneficio económico, el recaudador municipal giraba siempre el recibo llegando a situaciones absurdas: tras perder su vivienda, los propietarios desahuciados eran conminados a satisfacer la deuda pendiente. La reforma fiscal del 2014 finiquitó esa perversa interpretación del impuesto.
Lo que no hizo aquella modificación -que también liberó de hacer frente al impuesto a la banca en los casos de daciones en pago- fue abordar las ventas a pérdida, las transmisiones de inmuebles en las que no había rastro de incremento del valor de terrenos ni beneficio económico.
Un ejemplo: si usted compró una vivienda en Logroño por 300.000 euros en el 2006 y la vendió cuatro años después por 150.000, el Ayuntamiento de la capital le cobró 1.948,45 euros en concepto de plusvalía. Pero si retrasó la venta una década y el precio de venta fue el mismo, pagó 4.600,51 euros. ¿Y si lo hubiera vendido por 600.000 euros? Su contribución habría sido idéntica en ambos casos.
Eso no puede ser, ha dicho el Tribunal Constitucional. Es más, en una sentencia del 16 de febrero dijo que es inconstitucional por ser contrario al principio de capacidad económica y ha tirado de las orejas al legislador, al que le exige que cambie la regulación. Pero, de momento, sólo al legislador vasco, que en su momento 'copió' los artículos de la Ley de Haciendas Locales que regula el tributo para el resto del estado. En breve -hay varios recursos interpuestos-, lo hará con el de Madrid.
Las consecuencias
La consecuencia será doble: por un lado, la minoración de ingresos de los ayuntamientos; por otro, el presumible alud de solicitudes de devolución de lo cobrado indebidamente. En el País Vasco ya se 'atan los machos': Vitoria y San Sebastián ya han dejado de cobrarlo.
¿Y en La Rioja? La ley es la ley y hay que cumplirla. Ése es, a grandes rasgos, el principio rector de todos los consistorios consultados. Pero a los ciudadanos no les acaba de convencer y empiezan a hacer suya la interpretación del Constitucional. Sobre todo en Logroño: en apenas 30 días el Ayuntamiento ha recibido un tercio de las reclamaciones registradas en los últimos cuatro años. En el resto de La Rioja las reclamaciones se cuentan con los dedos de una mano.
La justicia riojana se ha pronunciado en cuatro ocasiones en contra del cobro de la plusvalía cuando no hay beneficio, pero parece que la avalancha de reclamaciones es inevitable. Un mes después de que el Constitucional publicara su sentencia, el Ayuntamiento de Logroño tiene 50 reclamaciones sobre la mesa. Fechadas entre el 16 de febrero y el 16 de marzo y todas pendientes de resolución. Reclamar al ayuntamiento es el primer paso (obligatorio) del proceso. La cifra es especialmente significativa si se tiene en cuenta que entre el 2013 y la sentencia, apenas 155 ciudadanos habían presentado el pertinente recurso de reposición contra el cobro del impuesto en ventas a pérdida (nadie lo cuestiona en caso de beneficio real). En el resto de la región, las reclamaciones son anecdóticas: una en Calahorra y otra en Lardero.
Pero a esa realidad se podrán enfrentar los 56 municipios riojanos que, según el Ministerio de Hacienda, cobran plusvalía. La mayor parte de ellos (22) han optado por el tipo máximo (30%), mientras que Baños de Río Tobía tiene la tributación más modesta (9,6%). El recibo total de la plusvalía en el 2015 ascendió a 9.327.258 euros, más de dos tercios solo en Logroño.
La postura de los Ayuntamientos riojanos
Con esos mimbres, los consistorios riojanos apuestan por preservar el statu quo. «Se actuará de manera prudente con responsabilidad obligada», apuntan, forzando el circunloquio, desde Logroño. Es decir, se seguirá girando el impuesto como hasta ahora. El mismo argumento se defiende en Villamediana, Lardero, Haro, Cervera o Santo Domingo: hay que cumplir la ley y hasta que Madrid no la cambie, no pueden hacer otra cosa, aseguran. Dejación de funciones o prevaricación sería la alternativa del incumplimiento legal.
«No puedo retrasar un tratamiento porque 'quizá cambie'» la norma, argumenta Javier García, alcalde de Arnedo. «Tenemos que ser cautos, prudentes y exigir que se defina el tratamiento del impuesto». Alberto Caro, concejal de Hacienda de Calahorra, recuerda que «a día de hoy hay que liquidarlo como está regulado». En tiempo y forma. Desde Nájera, Enrique Acha apela a Madrid: «Estamos a la espera de lo que pueda decidir el ministerio correspondiente». Pero sí existe cierta inquietud, que revela desde Casalarreina Félix Caperos: «Si se quita el tributo habrá que compensar a los Ayuntamientos». La protesta está fundamentada: la plusvalía es una gran fuente de ingresos de las entidades locales.
En los casos más 'extremos', el impuesto ha llegado al pleno municipal. Hubo preguntas en el de Alfaro -«habrá que estudiar caso por caso cada reclamación que pudiera llegar», explicó la alcaldesa Yolanda Preciado-; en Calahorra se acordó, «en la medida de lo posible», apurar los plazos de reclamación del tributo; y en el de Logroño la reacción fue doble: rechazar la petición de Ciudadanos de calcular y devolver lo indebidamente cobrado y abrir una ventanilla en Gestión Tributaria para atender reclamaciones.
Nadie ha consultado a la Federación Riojana de Municipios. Lo asegura su presidente, Roberto Varona, que insiste en la mayor -«la ley se tiene que cumplir y no se puede obviar. Eso tiene un nombre»-, asume que, llegado el caso, habrá que atender devoluciones y recuerda las ajadas arcas municipales: «Los ayuntamientos no tienen una máquina de hacer dinero. Si se cae una fuente importante de ingresos y tenemos que seguir demandando servicios... O recaudamos por otro lado o prestamos menos servicios».
Fuera de La Rioja
Si viajamos fuera de La Rioja, por cuestiones obvias, el fallo ha revolucionado el País Vasco. San Sebastián, Vitoria e Irún, entre otros, ya han dejado de girar la plusvalía mientras que Bilbao mantiene su ritmo de 50 liquidaciones diarias. En Navarra, servicios jurídicos de Pamplona estudian cómo aplicar la sentencia a su sistema recaudatorio. Además, desde diferentes instancias, locales y autonómicas de todo el país se impulsan todo tipo de estudios sobre la plusvalía y se insta al Gobierno central a que se adelante al fallo del Constitucional que obligará a cambiar la Ley de Haciendas Locales.
Visto lo visto, hasta entonces nadie moverá pieza. Las plusvalías en ventas a pérdida se cobrarán y los ciudadanos lo denunciarán.
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