Las asociaciones sociales temen por su supervivencia tras una sentencia del Constitucional

El Tribunal Constitucional falló a finales del pasado mes de enero a favor de un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña para que esos fondos, obtenidos a través del IRPF, sean repartidos por las comunidades autónomas, en función de la recaudación, en lugar de hacerse por una convocatoria estatal.

Así lo ha explicado Pérez, quien ha recordado que en España se repartieron en 2016 -cuyos fondos se ejecutan ahora- 232 millones de euros y estaba previsto que la convocatoria de 2017 tuviera una dotación superior a los 235 millones de euros.

El presidente de la plataforma riojana, Emilio Carreras, ha admitido su pesimismo en esta cuestión "porque ya se ha intentado arreglar de varias formas y no ha habido posibilidades".

"El Constitucional le ha dicho al Gobierno que incumple un mandato suyo, y el Ejecutivo está sensibilizado con eso, porque es lo mismo que él le dice a Cataluña por otras situaciones", ha afirmado Carreras, quien ha afirmado que no ve "muchas salidas" a esta situación.

En La Rioja, si no se reciben esos fondos, "algunas asociaciones se podrán defender, si dentro de su presupuesto eso no supone un porcentaje importante" pero "otras pueden desaparecer", ha dicho y ha recordado que las entidades del sector dan diferentes atenciones a más de 30.000 personas".

El vicepresidente de la Plataforma, que se encarga directamente del área de Sostenibilidad Económica, ha incidido en que desde hace semanas trabajan con el Ministerio de Asuntos Sociales "en buscar una nueva fórmula" para sustituir a la convocatoria anual que se hacía hasta ahora.

Se trata de una situación "que afecta a unas 500 entidades sociales de todo el país, que prestan a atención a más de seis millones de personas" y a "unos 18.000 trabajadores".

"Estamos muy preocupados por una cuestión que puede tener un impacto importante y ahora nuestra principal preocupación es evitar la quiebra de los servicios y de las propias entidades", ha asegurado Pérez.

Ha matizado, no obstante, que con las ayudas de 2016 "está garantizado acabar los programas de 2017" pero "sería necesario realizar la convocatoria de este año para que en diciembre no haya un corte".

Ha recalcado que "no es una cuestión de dinero" porque ya se conoce la cantidad disponible para este ejercicio "que es superior en más de dos millones a la del anterior".

Sí que se trata, ha subrayado, de "una cuestión de solidaridad" porque "con la petición de Cataluña, las comunidades que más recaudan tendrían más recursos, algo que no compartimos".

"Además, la recaudación es de los ciudadanos, no autonómica, y creemos que hay que distribuirla donde se necesite, no donde se recaudó, que no es un planteamiento solidario", ha afirmado el dirigente de la Plataforma del Tercer Sector, que también es vicepresidente de Cruz Roja Española.

Ha admitido que el Tercer Sector está "abocado a un nuevo sistema de financiación" que es de lo que ya han empezado a hablar con el Ministerio de Asuntos Sociales, dado que debe cumplirse la sentencia del Constitucional.

En esas conversaciones "todavía" no han hablado de los criterios de reparto que estas entidades reclaman "pero creemos que se pueden tener en cuenta cuestiones como el índice de pobreza de cada zona, la dispersión territorial o el envejecimiento de la población".