Garoña resucita

El CSN se ha pronunciado sobre la solicitud planteada hace dos años por Nuclenor, la empresa participada por Endesa e Iberdrola que opera Garoña, para que la planta burgalesa pueda operar hasta 2031, fecha en la que se habrían cumplido más de 60 años desde su entrada en funcionamiento, en 1970.

La petición a la que el CSN ha dado respuesta hoy no tiene antecedentes en España, en tanto que la norma hasta ahora era que una planta solicitara la renovación del permiso para operar por el mismo periodo de tiempo que comprenden las revisiones integrales de seguridad de este órgano, es decir, por un máximo de 10 años.

El máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España ha cambiado sus normas en estos dos últimos años para poder avalar una solicitud de ampliación de actividad de 14 años como la planteada para Garoña.

La revisión integral de seguridad seguirá ejecutándose cada diez años, pero por primera vez se desliga del aval dado por el CSN para operar.

España adopta así una manera de proceder en esta materia similar a la francesa, de manera que los avales del máximo órgano de seguridad nuclear para que una central opere sólo serán revocable por cuestiones de seguridad, y no atenderán a periodos fijados.

La resolución (preceptiva pero no vinculante) adoptada por el CSN no asegura que Garoña vuelva a conectarse a la red, de la que lleva desenganchada desde diciembre de 2012, ya que ahora debe ser el Gobierno quien decida autorizarlo, y Endesa e Ibedrola quienes decidan si quieren acometer las inversiones que se le exigen para el reenganche.

El dictamen del CSN no cuantifica esas inversiones, ni Nuclenor ha dado ese dato, pero expertos consultados calculan que podrían situarse en no menos de 150 millones de euros.

Un estudio "con tiempo"

¿Y qué dice el Gobierno? Por ahora, poca cosa. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estudiará "con tiempo" el informe del CSN y abrirá un diálogo con las comunidades autónomas, los ecologistas y las empresas acerca de esta cuestión, según indicaron a Europa Press en fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal.

"Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso", indicaron las fuentes.

Estas conversaciones, señalaron, pueden durar "unos seis meses" y, tras ellas, el Gobierno tomará una decisión. La autorización para el reinicio de la actividad de Garoña corresponde al Ministerio de Energía, una vez analizado el informe del CSN.

En todo caso, Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad que imponga el organismo presidido por Fernando Marti y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor.

Las fuentes también aseguran que las decisiones que adopte el Gobierno sobre Garoña no supondrán "ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales".

Garoña, recuerdan, dejó de funcionar en diciembre de 2012 por motivos ajemos a la seguridad nuclear, por lo que "no hay que hacer una lectura ni trasladar esta decisión al resto de centrales".

Veda abierta

Sin embargo, parece evidente que el visto bueno de hoy abre la veda para que las otras cinco plantas nucleares activas en España (Almaraz, Cofrentes, Trillo, Ascó y Vandellós) pidan también operar más allá de los 40 años que irán cumpliendo en los próximos años.

La siguiente que tendría que hacerlo es Almaraz, la nuclear que más electricidad genera (casi el 30% del total del sector), operada por Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa en la provincia de Cáceres, con dos reactores que entraron en funcionamiento en 1981 y 1983.

Le seguirían la de Cofrentes, operada por Iberdrola en la provincia de Valencia, que se conectó a la red en 1984; la de Ascó, gestionada por Endesa e Iberdrola, con dos reactores que funcionan desde 1984 y 1986; la de Vandellós, en Tarragona, con un reactor activo desde 1988 y operado por Endesa e Iberdrola; y la de Trillo (Guadalajara), conectada desde 1988.

Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969 -primera que operó en España- y 2006.

A petición de CiU

La legislación española no establece un calendario de cierre de las plantas nucleares a medida que vayan cumpliendo cuarenta años.

La Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno socialista en 2011 estuvo a punto de recogerlo con un párrafo que indicaba que el Gobierno "mantendría" el calendario de operación de las centrales "considerando el plazo de 40 años para el que fueron diseñadas".

Sin embargo esa cifra acabó eliminada a petición de Convergencia i Unió que sustituyó el texto anterior por otro que indica que las nucleares podrán funcionar mientras pidan prórrogas y el CSN lo avale, que es lo que ocurre en la actualidad.