El Estado apuesta por agrupar en el Palacio de Justicia la mayoría de servicios dispersos por Logroño

Una opción que, según todas las fuentes consultadas por Diario LA RIOJA, debe descartarse: el Estado, propietario de esas dependencias, opta por preservar el uso público del Palacio, lo cual garantizaría que se mantendría el dinamismo propio de la actividad administrativa alrededor del inmueble y el resto de atributos consustanciales al trabajo burocrático.

La Dirección General de Patrimonio, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, aprovechará la recuperación del edificio para concretar una larga aspiración de los funcionarios del Estado destinados en La Rioja: reunir en ese mismo espacio servicios hasta hoy dispersos por distintas sedes de Logroño. La mayoría de ellas, alquiladas. De modo que cuando se cierre la operación, buena parte del total de sedes de la Administración central se agrupen en un único espacio, lo cual representará un significativo ahorro económico, por un lado, mientras que por otra parte permitirá también mejorar la atención al ciudadano, que dejaría de estar condenado a peregrinar como suele por las dependencias administrativas repartidas por la ciudad.

Aunque para que semejante día llegue alguna vez, todavía habrá que esperar. No demasiado tiempo. El traslado desde el Palacio de Justicia hasta sus nuevas instalaciones en Murrieta se viene cumpliendo según los planes previstos por el Gobierno riojano, de modo que resta un escaso trecho para quedar cerrado: hacia los primeros días de febrero está previsto que concluya la mudanza y, por lo tanto, el edificio del centro logroñés quede vacío.

Desde la Delegación de Gobierno, aunque se declina ofrecer detalles sobre la decisión que anunciará el Estado en las próximas semanas, se limita a señalar que entre el 2012 y el 2015 las medidas adoptadas mediante la reagrupación de servicios supusieron un ahorro cuantificado en 272.000 euros, cantidad resultante de la cancelación de los alquileres correspondientes a los organismos realojados.

Entre el 2016 y el 2017, ese ahorro todavía irá más lejos: superará los 316.000 euros, puesto que en esta partida se incluye la puesta en funcionamiento del edificio de Doctores Castroviejo que acogía la Comisaría de Policía, hoy en obras de remodelación para convertirse en sede de la Inspección de Trabajo y del Fogasa. En total, cerca de 600.000 euros que dejará de tener que abonar la Administración estatal.

Así que cuando el Gobierno central decida finalmente qué servicios agrupa en el Palacio de Justicia una vez desalojado será la hora de examinar, según las fuentes consultadas por este periódico, la idoneidad de ese espacio para los nuevos fines que se le asignen, que pueden ser tan variados como la larga nómina de servicios hoy distribuidos por Logroño: desde la Demarcación de Carreteras a la Delegación del INE, pasando por las oficinas del Catastro, el Instituto Geográfico y un extenso etcétera de dependencias. Lo cual significará algún plazo de espera: durante ese periodo, la actividad de los antiguos juzgados se extinguirá, aguardando la llegada de nuevos inquilinos.

Mientras, en paralelo discurrirá otra negociación: una parte del edificio, la vecina al Teatro Bretón, es objeto del interés del Ayuntamiento de Logroño, que pretende ampliar ese espacio y mejorar la aportación de su principal infraestructura cultural de la ciudad.