El Congreso vota a favor de culminar la presa de Enciso a finales del 2017

El diputado socialista y secretario general del PSOE de La Rioja, César Luena, defendió ante la Comisión la necesidad de «impulsar» tanto las obras de la presa de Enciso como las de Soto-Terroba porque son dos infraestructuras que «van a beneficiar el progreso social y colectivo de La Rioja, redundarán en el desarrollo de la región y consolidarán la cohesión territorial». Luena incidió en que las Cortes Generales «deben tomar una posición y actuar» para que «se exija un compromiso en cuanto a los plazos, la intensidad y las actuaciones».

El diputado popular por La Rioja, Emilio del Río, desestimó el planteamiento del PSOE porque «es pura demagogia, ya que se pide un imposible: la puesta en marcha de la presa de Enciso en el 2017» lo que, aseguró, «supondría saltarse los controles de legalidad». Del Río defendió una enmienda de su grupo en la que se reclamaba que las obras pendientes para finalizar la presa de Soto-Terroba se adjudicasen en el primer trimestre del 2017, así como finalizar «lo antes posible» los trabajos de la de Enciso.

A instancias de la diputada de Unidos Podemos por La Rioja, Sara Carreño, el mandato del Congreso al Gobierno añade realizar, «en caso de no existir, un estudio geotécnico relativo a los posibles riesgos de sismicidad inducida y deslizamientos de ladera en el plazo de un mes, sometiendo el mismo a información pública, para que a través de este procedimiento trasparente se pueda clarificar si dichos riesgos son o no reales». Carreño se justificó en la relevancia de «garantizar la seguridad de la ciudadanía».

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, apostó por «acabar las obras» de ambas presas «en tiempo y forma».

Soto-Terroba

La proposición también exhorta al Ejecutivo a «adoptar todas las medidas y actuaciones necesarias para impulsar la ejecución y finalización en el menor plazo posible de las obras complementarias pendientes en el embalse de Soto-Terroba(...), incluyendo la variante de la LR-250, el alumbrado, el plan de emergencias y el resto de elementos necesarios para su plena puesta en funcionamiento».

Por último, el Gobierno deberá informar al Congreso «antes de la conclusión del primer trimestre del 2017, como plazo improrrogable», de las medidas adoptadas para cumplir estas resoluciones.