Invasión de competencias y vulneración del principio jerárquico

El letrado mayor cree que Serrano insinúa «sin fundamento» que la Cámara no siguió el control de legalidad

E. SÁENZ

Miércoles, 14 de diciembre 2016, 19:41

La disconformidad de Jorge Apellániz con el estudio jurídico elevado previamente por Esther Serrano al máximo órgano de la Cámara va más allá de las conclusiones del análisis de su subordinada. En su propio informe al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, entiende que ... al señalar la existencia de una serie de irregularidades «que no son tales» e «insinuar sin fundamento» que no se ha seguido el procedimiento fijado para el control de la legalidad de la ILP, la abogada «invade las competencias de asesoramiento al pleno y a la Mesa que corresponden al letrado mayor». Entiende además que «incurre en una extralimitación de las competencias propias» recogidas tanto en el Reglamento del hemiciclo (artículo 166) como en el Estatuto del Personal al servicio de la Cámara (artículo 11) y cuestiona asimismo la propuesta de su colega de que el pleno pueda echar atrás la ILP de protección animal y no proseguir con su tramitación. «No es posible (...) ya que su retirada requeriría la iniciativa en este sentido de la comisión promotora y su aceptación por parte del pleno».

Publicidad

No se detiene ahí su crítica. «Se trata -prosigue- de una actuación análoga a otras calificadas por el Tribunal Supremo como 'una forma de vulneración del principio de jerarquía' y 'un gesto de desconsideración hacia superiores y compañeros con infracción de reglas de organización que le incumbía respetar'». «Y ello, a pesar de las buenas intenciones que la letrada autora del informe haya podido tener al redactar el mismo», concede.

Respecto a la posición jurídica de la letrada, Apellániz se detiene en la «sorprendente distinta conclusión» que Serrano ofreció en otro informe sobre la proposición de Ley de Podemos para paliar y reducir la pobreza energética admitida a trámite en noviembre del 2015. En aquella optaba por permitir el debate político para obtener una norma acorde con la legalidad constitucional, mientras en la de protección animal opta por la retirada por el pleno de la Cámara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

¡Oferta 136 Aniversario!

Publicidad