El valor catastral subirá en 31 municipios riojanos en el 2017, lo que abre la puerta a un alza del IBI

En su inmensa mayoría (31 municipios de la comunidad) la solicitud al Ministerio se traducirá en un incremento del importe de las tasaciones lo que tendrá una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), a menos que los consistorios afectados decidan bajar el tipo impositivo de este tributo en el mismo porcentaje en el que se incremente el valor catastral. En el listado destacan Nájera (8.224 habitantes), Villamediana de Iregua (7.700) y Rincón de Soto (3.755).

Los municipios que revisarán al alza su IBI son: Ábalos, Almarza, Anguciana, Arenzana de Abajo, Ausejo, Baños de Rioja, Berceo, Brieva, Clavijo, Cirueña, Entrena, Estollo, Gallinero, Herce, Leiva, Leza, Nájera, Pradillo, Rincón, Robres, San Millán de la Cogolla, San Millán de Yécora, San Román, Sojuela, Treviana, Tricio, Villamediana, Villavelayo, Villoslada, Viniegra de Abajo y Zorzano.

La actualización establece un alza que va del 0,87% en municipios con valores catastrales fijados desde el 2011 (ninguna localidad riojana), hasta el 8% en los que aún rigen las valoraciones del periodo 1984-1990. Este caso se ven afectados 25 municipios riojanos, todos por debajo de los 400 habitantes.

Asimismo, los ocho ayuntamientos restantes que pidieron a Hacienda realizar este procedimiento verán cómo sus valores catastrales bajarán el próximo año ya que las últimas revisiones se hicieron en plena 'burbuja' inmobiliaria, con lo que gracias al reajuste del 2017 podrán reflejar la pérdida de valor registrada por los inmuebles desde entonces y hasta la actualidad. Estos ocho municipios son Alberite, Azofra, Briones, Manzanares, Medrano, Pradejón, Tudelilla y El Villar de Arnedo.

Entre ellos, destaca Pradejón, con 4.051 habitantes. En los ocho casos, el descenso del valor catastral conllevará una merma de ingresos para las arcas municipales por el IBI. Ahora bien, estos ayuntamientos podrían elevar los tipos del impuesto para evitar una caída de la recaudación.

Este 'catastrazo' se encontraba en el aire desde hace meses, primero por la interinidad política, ya que un Gobierno en funciones no puede adoptar decisiones de este tipo y, segundo, por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que son estos los que recogen cada ejercicio los coeficientes para poner al día las tasaciones. Como el IBI se devenga el 1 de enero de cada año, Hacienda decidió incluir la actualización catastral en el real decreto sobre medidas tributarias anunciadas el pasado 2 de diciembre. En el conjunto del país se ven comprometidos 2.452 municipios, según el listado publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para que los ayuntamientos puedan actualizar el valor catastral de los inmuebles urbanos (viviendas, garajes, locales comerciales..) han tenido que cumplir tres requisitos: comunicarlo a la Dirección General del Catastro antes de junio; justificar que existen diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para el cálculo de los valores catastrales vigentes y, por último, haber transcurrido al menos cinco años desde la última actualización catastral. «Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2017 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior al 2012», señala la orden ministerial. En Berceo, Estollo, Herce y San Millán de la Cogolla, las valoraciones no se actualizan desde 1989, aunque la mayoría (21 localidades) no lo hace desde 1990, como se puede observar en la infografía que ilustra esta información.

El IBI (conocido popularmente como 'la contribución') es un tributo directo local que grava la titularidad y los derechos reales que los ciudadanos tienen sobre los inmuebles en propiedad. Su importancia para las economías municipales es tal que en el 2012 y en el 2013, y por decisión del Gobierno de España, los ayuntamientos recargaron los recibos para paliar el déficit y compensar las pérdidas de recaudación por otros impuestos. En el caso de La Rioja se vieron afectados 141 municipios riojanos que gravaron la factura una media del 6,7%.