Las administraciones riojanas eliminarán trabas a la contratación con empresas locales

«Sólo pedimos que todas las empresas, grandes y pequeñas, tengan las mismas oportunidades e igualdad de condiciones», señala el presidente de la Federación de Empresarios (FER), Jaime García-Calzada, en relación a pasadas licitaciones públicas en las que, «las empresas riojanas no han podido siquiera participar o, si han conseguido hacerlo, han terminado en muchos casos siendo subcontratadas por el adjudicatario principal, que aprieta en precios y retrasa los pagos». García-Calzada compila las inquietudes de diversas asociaciones de la FER y pone el acento en que una sus demandas, la división en lotes, está fundamentada en que la interinidad política del país ha impedido «transponer a la legislación española una directiva comunitaria que recomienda articular así las contrataciones» porque la UE «es consciente de que la pérdida de actividad de las pymes sólo trae como consecuencia la destrucción de empleo».

En este sentido, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, afirma que «con la FER hemos mantenido muchísimas reuniones en el último año y medio y ya les hemos pasado documentación de lo que el Gobierno de La Rioja puede hacer: intentar en la medida de lo posible hacer lotes en los contratos para favorecer a las pymes, vigilar la subcontratación y la protección de los trabajadores (por ejemplo, puntuar a las empresas que tengan un mejor convenio colectivo para sus trabajadores), intentar bajar las condiciones de solvencia técnica y económica y, además, introducir cláusulas de contratación socialmente responsables para proteger a las pymes». Medidas que «ya se han incorporado en el último contrato de seguridad» de su propio departamento y que se aplicarán en «los nuevos pliegos que van a sacar Servicios Sociales y Salud».

Domínguez subraya que «el Gobierno siempre tiene voluntad de ayudar a las empresas pero, evidentemente, dentro de las posibilidades que nos marca la Ley». «La voluntad política del Gobierno es clara y está puesta negro sobre blanco en el documento trasladado a la FER», enfatiza. «Pero, evidentemente, nuestro único límite es la Ley y, dentro del máximo recorrido que nos deja, la intención es favorecer a la pyme aunque en algunos casos, por ejemplo, no es posible 'lotear' el contrato de manera ilimitada».

En este sentido, y en relación a la directiva comunitaria, el titular de Administración Pública y Hacienda asegura que se trata de una recomendación. «Para que fuera aplicada por efecto directo -como reclaman los empresarios riojanos- debería ser imperativa y no estamos ante ese caso». Por ello, «fijamos los lotes que como máximo nos deja hacer la Ley».

La pequeña empresa

Por último y, sobre la flexibilización de criterios para acceder a las licitaciones, el consejero sostiene que «también hemos pasado a la FER una propuesta para intentar bajar las condiciones de solvencia y favorecer el acceso a la pequeña empresa». «Siempre que el objeto del contrato nos lo permite intentamos favorecer a la pyme y, en la medida de lo posible a las empresas que están implantadas en la Comunidad», sostiene.

Por último apunta que, «sólo en obras públicas, 42 de las 54 empresas adjudicatarias totales del 2015 eran riojanas. Y en lo que va del 2016, 25 de 34». «El año pasado -continúa- se adjudicaron 17 millones de euros en obras públicas a empresas riojanas y en el 2016 llegaremos a una cifra muy similar». Para este año y para el 2017 «vamos a destinar once millones de euros a la rehabilitación de vivienda, que supondrán que las comunidades de propietarios invertirán 30 millones, que irán directos a las pymes riojanas».

«Uno pendiente»

Por su parte, la concejala de Transparencia, Hacienda y Administraciones Públicas del Ayuntamiento de Logroño, Mar San Martín, recuerda que «nos hemos estado reuniendo periódicamente con la FER y ya hay tres medidas que están en vigor». Por un lado, «la contratación por lotes». Por otro, los requisitos de solvencia técnica y económica «son más flexibles que los del año anterior». Y, en tercer lugar, «el subcontratista está avisado de los pagos que el Ayuntamiento hace a su contratista de forma que éste no le pueda poner como excusa para no pagarle que no ha cobrado la factura municipal».

Sólo quedaría uno pendiente, según explica, de los recogidos en «la nueva carta de compromisos en contratación que se está preparando». En concreto está relacionado con las subcontratas y su objetivo es «garantizar que se les pague puntualmente». El Ayuntamiento exigirá al contratista principal que acredite estar al día en el pago a sus contratistas o proveedores antes de abonarle la siguiente factura. De lo contrario, no se le pagará. «No lo contempla la Ley, pero hemos querido ir más allá pensando en las pymes», termina.

Mantenimiento del alumbrado de Logroño

«No nos dieron opción alguna»

El presidente de la Asociación de Instaladores Electricistas, de Telecomunicaciones y de Energías Renovables (AIER) de la FER, Enrique Mendi, denuncia que el último pliego para la contratación del mantenimiento del alumbrado de Logroño «incluyó cláusulas imposibles como, por ejemplo, tener contratos de mantenimiento en al menos tres ciudades de población igual o superior a la de Logroño».

«Las empresas riojanas no tuvimos ninguna opción». «Nos quedamos relegados a ser solamente subcontratados por las grandes», critica.

La concejala Mar San Martín asegura que «en el próximo concurso, que toca en el 2017, esta condición ya no se incluirá».

Smart City

«Tenemos capacidad suficiente»

El presidente de AERTIC (empresas TIC), José Luis Pancorbo, asegura que el sector riojano «tiene capacidad en primera persona para ser proveedor de las administraciones públicas de la región» y, en caso de que las empresas sean subcontratadas, reclama «estrechar la vigilancia».

Además, Pancorbo insta al Ayuntamiento de Logroño a «favorecer la participación de las empresas riojanas en la Smart City» y que, en general, «los concursos se diseñen dando oportunidades a las empresas locales».

La concejala Mar San Martín recuerda que el proyecto Smart «se ha loteado; ahora sólo hemos licitado la plataforma de gestión y en otros lotes se irán incorporando los servicios».

Ascensores de la Comunidad

«Exigieron un criterio nunca antes pedido»

«Primero los ascensores de la UR y del Seris y, la puntilla, cuando todas las consejerías sacaron en conjunto los suyos en noviembre». Así se expresa el presidente de la Asociación de Empresas de Ascensores de La Rioja, Miguel de Marco, quien explica que «hicieron dos macrolotes en los que las empresas riojanas no pudimos ni presentarnos porque, aparte de una ISOmedioambiental, que no tiene sentido porque no fabricamos, nos exigieron la clasificación que indica que estás homologado para contratar con la Administración;nunca la habían pedido». El sector riojano perdió el negocio.

El consejero Alfonso Domínguez asegura que «ese fue el último contrato» que se sacó antes de la modificación de la Ley de Contratos que imponía ese requerimiento: «El próximo, y eso lo conoce la asociación patronal, saldrá sin él dentro de un año».

Futura estación de autobuses de Logroño

«La deberían haber loteado como indica una directiva UE»

El secretario general de CPAR (constructores, promotores y afines), Juan José Liébana, considera que la licitación de la futura estación de autobuses de Logroño «se tenía que haber sacado no en un contrato único si no por lotes (obra civil, jardinería, seguridad...), de manera que el acceso de las empresas riojanas fuera importante». Liébana añade que esta propuesta está respaldada por una directiva UE que «recomienda» contratar por lotes y que por «efecto directo se podría haber aplicado en el proyecto».

El consejero Alfonso Domínguez responde que, precisamente, «porque la directiva es una recomendación, y no una imposición, no tiene efecto directo».

Mobiliario y sillería del nuevo Palacio de Justicia

«Contratar a través del Estado es legal, pero no ético: nos han cambiado las reglas del juego»

La contratación del mobiliario y la sillería del nuevo Palacio de Justicia ha sido una de las licitaciones más polémicas. El Gobierno de La Rioja renunció al contrato en junio, tras un recurso interpuesto por una de las UTE que había sido excluida por un problema en la documentación.

El Tribunal Central de Recursos Contractuales (no es un órgano judicial, es un órgano administrativo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) ordenó al Ejecutivo riojano retrotraer el proceso para que la UTE pudiese resolver los certificados de calidad.

El problema sobrevenido a la Comunidad es que, como en parte se habían abierto los sobres económicos, se vulneraba el principio de igualdad. El asunto volvió al Tribunal que ratificó la decisión del Gobierno, provocando un retraso en los plazos para abrir el Palacio. Ante ello, el Ejecutivo decidió acudir a una contratación centralizada a través del Estado. «Era la solución más razonable para imprimir toda la celeridad posible y, además, con ella estábamos cumpliendo el mandato parlamentario (proposición no de Ley) de sacar una nueva licitación abierta, universal y transparente», se justifica el consejero de Justicia, Conrado Escobar.

Sin embargo, el secretario de la Asociación del Comercio del Mueble, David Ruiz, no lo ve igual. En su opinión, «la nueva forma de contratación es legal, pero no ética, porque el registro de empresas que pueden contratar con el Estado es tan restringido que impidió que alguna firma riojana tuviera simplemente el derecho a participar en el concurso».

Por ello, Ruiz acusa al Gobierno de La Rioja de «cambiar los criterios, las reglas de juego», y a las empresas riojanas sólo les queda la única opción de ser subcontratadas lo que es «demencial». Además, el representante de la patronal cuestiona el origen del ahorro, 875.000 euros desde la licitación inicial y la adjudicación final: «Ha habido una reducción sustancial del volumen de mobiliario contratado y la calidad es diferente».

«Lo de que es un mobiliario de distinta calidad es una cuestión opinable y ahí no puedo decir nada, pero se defiende el consejero la reducción del volumen contratado obedece a que aprovecharemos todo el mobiliario actual posible, y eso ya supone un ahorro de 300.000 euros.

Un alcance, «limitado»

Respecto al alcance temporal que contratar a través del Estado puede tener para futuras licitaciones, Escobar señala que «está por determinar, por lo que las empresas riojanas están a tiempo de homologarse en el servicio de mobiliario de oficina, que es sólo al que el acuerdo afecta». Los mobiliarios sanitario (Escuela de Enfermería) y educativo (Instituto Sagasta) «están excluidos».