Bayo: «No puedo firmar algo que no es legal»

Este informe señala, en términos generales, que las leyes "válidamente promulgadas, publicadas y vigentes son de obligado cumplimiento", tal y como garantiza la Constitución, que asegura que la Administración Pública "sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con sometimiento a la ley y al derecho".

De esta forma, "la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene una obligación primera y principal que es cumplir la Ley" y "la única forma de dar cumplimiento a la resolución del Parlamento sería incumplir una norma legal plenamente vigente", ha precisado.

"No hay otro camino" que acatar la legalidad, salvo que quiera llevar al Gobierno riojano a los tribunales, ha recalcado Bayo.

Ha añadido que "a día de hoy no hay alternativas legales a la LOMCE" y ha incidido en que "insistir en lo contrario solo genera incertidumbre entre las familias y la comunidad educativa".

El informe jurídico que el consejero solicitó a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para aplicar el mandato del Parlamento de La Rioja concluye que la suspensión de la aplicación de la LOMCE está fuera de las competencias del Ejecutivo riojano.

Otra ley orgánica

Sobre las posibilidades existentes para suspender la aplicación de la LOMCE, ha dicho que el informe indica que podría hacerse "por medio del oportuno recurso de inconstitucionalidad" y "a través de su derogación" pero señala que "ninguna de estas posibilidades está en manos del ejecutivo autonómico".

Ha añadido que "no se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad y pedir la suspensión cautelar de la LOMCE porque el periodo para hacerlo es de tres meses a partir de su publicación (10 de diciembre de 2013) y, por lo tanto, se está fuera de plazo".

Por su parte, la derogación de una ley orgánica solo puede hacerse mediante la aprobación de otra ley orgánica, esto es, una ley aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento de España, órgano en el que el Gobierno de La Rioja no tiene iniciativa legislativa, ha indicado.

El informe se hace eco también de distintas sentencias que han declarado las normas de desarrollo de la LOMCE conformes al ordenamiento jurídico y que han confirmado que corresponden al Estado las competencias de ordenación general del sistema educativo, fijación de las enseñanzas mínimas, regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, entre otros.

Este es el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional 184/2012 (y las posteriores 212/2012 y 214/2012) en respuesta al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de calidad educativa (LOCE, Ley Orgánica 10/2002) interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón.

Legislar contra la Ley

Tampoco es posible que el Parlamento autonómico apruebe una Ley que suspenda la aplicación de la LOMCE porque "no puede legislarse contra la ley", ni que el Ejecutivo riojano deje de regular la materia porque "hay reglamentos de ejecución de esta ley, aprobados por Real Decreto, y con rango de normativa básica que también están fuera del alcance derogatorio del Ejecutivo riojano".

Para Bayo, el informe jurídico evidencia que "estamos hablando de cuestiones tan básicas en el ámbito democrático como la separación de poderes, las competencias de las administraciones, cumplir la ley y el derecho Constitucional" y que, en ese sentido, "es claro y contundente: el Gobierno de La Rioja no puede cumplir con el mandato del Parlamento y suspender la aplicación de la LOMCE".

También ha indicado que el Ministerio de Educación tiene que publicar antes del 30 de noviembre la orden que establece las características, el diseño y el contenido de las reválidas y ha asegurado que "en el momento en el Gobierno de La Rioja la reciba, iniciará los trámites para informar a la comunidad educativa y a la sociedad riojana, y articular la prueba de forma que esta se celebre en la región en las mejores condiciones posibles".

Sembrar el "caos"

El diputado popular Alvaro Azofra ha felicitado al consejero por su intervención y ha calificado de "inútil" la propuesta de resolución aprobada en el Debate del Estado de la Región que solicitó al Gobierno regional realizar los trámites necesarios para paralizar la LOMCE.

Ha añadido que se trata de una ley orgánica que "solo puede ser suspendida o sustituida por otra".

La diputada socialista Emilia Fernández ha dicho que la Consejería de Educación ha sembrado "el caos" porque hay cuestiones como las reválidas, dentro de la LOMCE, que se pueden paralizar, o, al menos, ha dicho, "minimizar sus efectos" dentro de un consenso para firmar un pacto por la educación.

Fernández ha recordado que la exigencia de los socialistas al Gobierno regional no fue que incumpliera esta ley, sino que buscara otras fórmulas, desde el consenso, para minimizar sus efectos como, según sus datos, han hecho otras comunidades autónomas.

La diputada de Podemos Ana Sáinz ha defendido que el Gobierno riojano presente un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la paralización de las reválidas.

El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha dicho que en esta comparecencia se ha hablado de "lealtad y legalidad", que fue la que no tuvo el Gobierno de España, en su opinión, al aprobar la implantación de las reválidas, que, a fecha actual, como han coincidido el resto de grupos de la oposición, generan "incertidumbres".