Los transportistas riojanos rechazan de plano el peaje de la N-1 en Guipúzcoa

Si nada lo remedia, la Diputación foral guipuzcoana implantará un sistema de lectura de arcos en tres puntos de la N-1: Irún, Andoáin y el puerto de Etxegarate. El caso más gravoso será el de los vehículos de 12 o más toneladas que deberán abonar por el trayecto completo casi diez euros, en concreto, 9,95. El resto de tarifas se han fijado en función del tonelaje y el tramo o tramos por los que circulen. Sea como fuere el nuevo sistema tiene un propósito disuasorio para que los transportistas se desvíen por la AP-8 y se libere de tráfico la N-1.

Santiago Gutiérrez, presidente de la Asociación de Transportistas Discrecionales de La Rioja (Atradis), cuestiona otro de los argumentos de la Diputación para justificar la implantación del peaje y que básicamente se resume en que si la carretera la estropean entre todos, todos deberían colaborar en su mantenimiento.

El presidente de la patronal recuerda al Ejecutivo vasco que en el entorno de Irún hay un buen número de gasolineras en las que «todos repostamos cuando salimos de España y cuando entramos porque aquí es más barato que en Francia». Entonces, añade, «todos esos millones de venta de hidrocarburos llevan un impuesto de IVA que se queda en Guipúzcoa y que supera con creces lo que ellos invierten en la carretera». Por tanto, sentencia Santiago Gutiérrez, «no nos engañemos porque sí es cierto que la estropeamos entre todos, pero creo que la pagamos con creces».

El nuevo sistema afectará a un buen número de transportistas riojanos porque por Irún, por donde, de acuerdo con sus cálculos, circulan unos 7.000 vehículos diarios, es la salida natural de España para ir al centro norte de Francia, Reino Unido, Holanda o Bélgica, por ejemplo.

Por su parte, el presidente de la CETM-Rioja, Javier Arnedo, que rechaza cualquier tipo de peaje, cree que si cada provincia decidiera implantar peajes en sus carreteras, «esto se convertiría en unos reinos de taifas donde cada administración haría la guerra por su cuenta, con las desigualdades que ello supondría entre comunidades».

Considera que «no es admisible que se mire hacia otra parte ante la grave situación que atraviesa un sector estratégico como es el nuestro, sin explorar otras vías que no pasen por penalizar y por discriminar al transporte» y señala que la carga fiscal que soportan «es más que suficiente». Además, entiende que la medida no conseguiría el objetivo que persigue, ya que la inversión inicial es de 10 millones y se prevé un beneficio de 3 millones al año, por tanto, hasta el cuarto año no se conseguiría ningún beneficio económico. Sin contar con que «el beneficio no es tan elevado como el trastorno al sector». Finalmente apela a otras fórmulas como el plan piloto de uso voluntario y bonificado por parte de los vehículos pesados de seis autopistas de peaje».