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María José González
Lunes, 25 de julio 2016, 21:38
La interinidad política en la que está sumida España desde hace siete meses ha paralizado el desarrollo de más de diez leyes nacionales, ha reducido no menos del 8% la licitación de obra pública por parte de la Administración General del Estado (y eso que ... hay Presupuestos Generales aprobados para el 2016) y ha impedido un punto porcentual de crecimiento económico, según los expertos. Estas son las grandes consecuencias a nivel nacional de la falta de Gobierno. Pero, ¿y en La Rioja? ¿Cómo afecta la falta de un Ejecutivo?
El presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), Carlos del Rey, asegura que esta etapa de inestabilidad que se vive desde diciembre pasado, con dos elecciones generales de por medio, «ha sido la puntilla a un año 2015 en el que las inversiones de las Administraciones sólo ascendieron a 71,7 millones de euros». «Un dato peor incluso -apunta- que el registrado en el 2012, ejercicio en el que la inversión pública fue de 76,4 millones y que, además, rompe la tendencia al alza que había comenzado en los años 2013 y 2014, con una caída interanual del 35%».
«En materia inmobiliaria -explica-, la incertidumbre política generada por la falta de Gobierno desde el 20 de diciembre hace que muchos proyectos de inversión se hayan paralizado, a la espera de que se aclare la situación política». Así, «entre otras causas», el año pasado «sólo se inició la construcción de 107 viviendas en La Rioja y sólo se terminaron 78 viviendas en Logroño».
A juicio de Del Rey este estancamiento político «no es bueno para ningún sector económico, pero la industria de la construcción está muy influenciada por la necesaria estabilidad política». «Resulta imprescindible que las principales fuerzas políticas se pongan de acuerdo en un breve plazo de tiempo para formar un Gobierno estable», asegura.
En su opinión, «que el país tuviera que celebrar unas terceras elecciones generales sería desastroso» y resultaría «especialmente catastrófico para la construcción y la promoción que, por falta de acuerdo político, se hubieran de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado del 2016, porque entonces las inversiones en obra pública serían nulas y el mensaje a los inversores inmobiliarios, muy preocupante».
Por su parte, el Ejecutivo riojano explica que «los servicios públicos básicos dependientes del Ejecutivo riojano se han venido prestando con total normalidad», pero «es evidente que cuanto antes se constituya el nuevo Gobierno, antes se podrán tratar asuntos y cuestiones que necesitan el consenso de todos, como el nuevo sistema de financiación autonómica, y se trasladará más estabilidad y confianza tanto a los ciudadanos como a potenciales inversores».
La incertidumbre que no cesa
Desde el punto de vista económico, el Ejecutivo riojano opina que «un Gobierno central en funciones no favorece la expansión económica puesto que genera incertidumbre, no se puede tener compromisos plurianuales ni se pueden programar actuaciones a futuro que superen el ejercicio presupuestario». Además, en este periodo «se ha ralentizado el desarrollo normativo y el ritmo de reuniones de coordinación con las comunidades autónomas».
En el capítulo de infraestructuras, desde la Comunidad confirman que «no ha habido especial incidencia» y la principal obra que se está llevando a cabo en la actualidad, el enlace de la Autovía del Camino (A-12) con la autopista AP-68, «ha seguido su curso, igual que otras actuaciones», pero «tenemos pendientes los proyectos de las obras complementarias y de restitución ambiental de las presas de Enciso y Soto-Terroba».
Por su parte, el presidente de la FER, Jaime García-Calzada, advierte de que la interinidad política es «un problema que afecta de manera muy directa a la actividad económica y empresarial en nuestro país». «La ausencia de Gobierno provoca una importante inseguridad jurídica en las actuaciones empresariales, en las inversiones y en las estrategias de las empresas por la falta de certidumbre en las políticas», subraya.
Por ello, García-Calzada reclama «la máxima seguridad jurídica para el normal desarrollo de nuestro trabajo y esto solo se consigue con un Gobierno que ofrezca estabilidad y confianza, tanto internamente como a los mercados». Un Ejecutivo «que sea el resultado del máximo consenso posible entre las formaciones parlamentarias y que obtenga un respaldo suficiente».
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