La empresa implicada en la 'operación Termyca' gestiona desde el 2013 la recaudación de Arnedo

Arnedo fue uno de los pocos municipios riojanos -ocho- que no suscribió en el 2013 el convenio con la Administración regional para la gestión tributaria y la recaudación de los tributos locales. El Consistorio arnedano, presidido por el popular Juan Antonio Abad, optó por municipalizar la recaudación ordinaria y por sacar a concurso la recaudación ejecutiva y la inspección tributaria. La licitación del contrato se publicaba en el Diario Oficial de la UE el 8 de agosto de ese año y una semana más tarde, el 14, en el BOE.

Se trataba de un contrato de servicios por valor de 661.157,04 euros a adjudicar en tramitación ordinaria, por procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación: unos subjetivos (memoria técnica, plan de trabajo, modelo organizativo y e gestión) y otro objetivo (proposición económica).

CATL estuvo representada en aquel procedimiento por Pablo Santaolalla Montoya, exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño entre 1995 y 2003 y, posteriormente, jefe de gabinete de la entonces Consejería de Administraciones Públicas y Política Local (2009-2011). Desde febrero del 2014, Santaolalla es delegado para La Rioja de CGI-Coordinadora de Gestión de Ingresos, cuyo máximo responsable, Ramón Solé, lo es a su vez de CATL, cuya denominación actual según el Registro Mercantil es Ramón Solé es uno de los detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación Termyca.

La empresa representada por Santaolalla se adjudicó, como es sabido, el contrato tras un proceso al que concurrieron otras tres firmas. No fue obstáculo que su propuesta económica fuese la peor de las cuatro concurrentes. En ese apartado -criterios objetivos- mereció la peor nota, 35,66 puntos, contra los 40,51, 43,15 y 52,26 de sus rivales. La puntuación alcanzada en el apartado de apreciaciones subjetivas permitió compensar la diferencia: 35 puntos para CATL por 15, 20 y 25 de sus oponentes. La adjudicataria sumaba así 70,66 puntos contra 68,15, 67,26 y 60,51 del resto.

El 17 de diciembre del 2013, el alcalde Juan Antonio Abad firmó el contrato administrativo de servicios por la parte contratante y Manuel Antonio Camps Barasoain, apoderado CATL, por la contratada. Dos años después, el contrato fue prorrogado hasta diciembre del 2017.