Suspendido el juicio a los acusados de intentar quedarse con la herencia de una vecina

El juicio contra los cuatro acusados -un matrimonio de 39 años y otros dos varones de 68 y 74 años-, todos sin antecedentes penales, estaba señalado para hoy en la Audiencia Provincial de Logroño.

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, los acusados planearon los hechos que figuran en esta causa, al conocer el importante patrimonio que tenía la anciana -quien no tenía herederos forzosos- y que en noviembre de 2010 los servicios sociales interesaban su ingreso en un centro asistencial, dada su avanzada edad.

Los acusados conocieron que el 8 de marzo de 2011 se tramitaba para la anciana, con la que mantenían una relación de amistad y vecindad, la demanda de incapacidad interpuesta por el fiscal en un juicio ante el Juzgado de Primera Instancia de Logroño, y que la letrada advirtió directamente al matrimonio imputado que la víctima carecía de la necesaria capacidad libre para testar debido a su estado de salud por la demencia que padecía.

Conscientes de ello, el 28 de septiembre de 2011 -un día antes de la vista judicial de procedimiento de incapacidad- los otros dos acusados (no el matrimonio) la trasladaron en su vehículo a una notaría de Laredo, donde no se conocía a la otorgante, para que testificase el reparto de la herencia para los cuatro. La letrado denunciante, al conocer el otorgamiento realizado, lo puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia que tramitaba la causa de incapacitación de la anciana y del Ministerio Fiscal.

Tras la vista del 29 de septiembre de 2011, se dictó un auto al día siguiente, por el que se designó tutor provisional de la anciana a la Fundación Tutelar de La Rioja y, en sentencia de 15 de octubre de 2011, se le declaró totalmente incapaz para administrar y disponer de sus bienes. Tal situación legal impide, en caso de fallecimiento, que la víctima y los acusados logren su ilícito propósito.

El fiscal considera estos hechos un delito de estafa en grado de tentativa, por lo que pide para cada acusado una pena de once años de prisión y una multa de cinco meses con una cuota diaria de ocho euros. El Ministerio Público también interesa que se declare la nulidad del testamento abierto otorgado el 28 de septiembre de 2011 en Laredo, por falta de capacidad de la otorgante para testar al estar incursa en una causa de incapacidad.