La inversión en obra pública toca suelo en La Rioja con una caída del 35% el año pasado

El ejercicio pasado no sólo se truncó esa tendencia, sino que operó una caída sin precedentes. Ni siquiera el cúmulo de citas electorales que los gestores acostumbran a aprovechar para mostrar músculo ante las urnas estimuló el panorama.

En concreto, el montante de las licitaciones públicas sumó durante el 2015 en La Rioja 71,7 millones de euros, lo cual representa un descenso del 35% sobre los 110,5 del año anterior. Así lo recoge el informe que la patronal nacional de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) elabora periódicamente y donde se especifica que 40,4 millones del total se centraron en obra civil y los 31,3 restantes en edificación.

Hay que remontarse al 2012 para dar con un nivel similar. El global de las licitaciones con el sello de la administración apenas llegó entonces a los 76 millones rebajando incluso los 78,4 del ejercicio precedente. Un suelo que la estadística del 2015 ha perforado con pocos visos de remontar a corto plazo en un escenario de reedición de comicios y dudas sobre la gobernabilidad a nivel nacional.

El reparto

A la flaqueza del dato general se agrega otro matiz tampoco halagüeño: la caída del impulso inversor es común en todos los frentes. El mayor descenso se registró en las actuaciones con el sello del Ejecutivo regional, donde en un año se ha pasado de un puñado de licitaciones por valor de 29,6 millones a 15,8, con un descenso así superior al 46%. En el ámbito municipal también se experimentó, según las mismas fuentes, una notable caída del 45%: de casi 47 millones de euros a escasamente 25,7. Las inversiones con rango ministerial en la comunidad fueron las más cuantiosas del conjunto (30,2 millones) aunque también quedaron por debajo de los prácticamente 34 concretados durante los doce meses previos.

La valoración de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Afines de La Rioja (CPAR) es tan contundente como la estadística. «Cabe poca lectura: las cifras son pésimas», sentencia su secretario, Juan Ramón Liébana. Y es que, como subraya, la aportación al despliegue económico del sector público en forma de licitaciones de obras y servicios no sólo se mide por el retorno que generan -1,5 euros por cada uno invertido, de acuerdo con los cálculos de la FER- sino por el número de empleos directos que generan esas actuaciones y sobre todos los indirectos. «Una obra no sólo beneficia a la empresa adjudicataria, sino a sus suministradores, al comercio, a la hostelería...», recalca Liébana.

Consciente de las limitaciones presupuestarias y las restricciones por el cumplimiento del déficit, la patronal supera el lamento para llamar la atención sobre aquellas áreas donde resulta no sólo conveniente sino necesario inyectar dinero por parte de la administración. Por ejemplo, el mantenimiento del firme de las carreteras. «Ahora, el gasto por kilómetro apenas alcanza los 65.000 euros, y si no se actúa en pocos años la red viaria será impracticable», avisa. En ese contexto inscribe también el Real Decreto 235/2013 que obliga a la certificación de eficiencia energética de los edificios públicos a partir del 2018 y que también a su juicio tendría un efecto movilizador sobre el conjunto de la economía regional.