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Teri Sáenz
Jueves, 5 de mayo 2016, 18:07
La fugaz legislatura concluye ante la incapacidad de los partidos de alcanzar un acuerdo de Gobierno; las prerrogativas de sus señorías, no. La disolución de las Cortes Generales no dejará con los bolsillos vacíos a los parlamentarios nacionales. Tampoco a los riojanos.
De los ... 350 diputados y 266 senadores que han permanecido apenas cuatro meses en sus escaños, un buen puñado de ellos seguirá cobrando el sueldo mensual estipulado -2.813 euros en concepto de asignación constitucional más 1.822 para los provenientes de circunscripciones fuera de Madrid, además del complemento correspondiente a sus cargos en las diferentes comisiones aunque en su mayoría no hayan llegado a reunirse- bien como miembros de la Diputación Permanente o suplentes del único órgano que permanecerá activo hasta la celebración de las próximas elecciones.
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En la Diputación Permantente.
Emilio del Río, César Luena, Pedro Sanz, Francisca Mendiola y Francisco Martínez Aldama seguirán cobrando sus respectivos sueldos por su condición de miembros o suplentes de la Diputación Permanente.
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Pueden pedir indemnización
. Concepción Bravo, José Luis Pérez Pastor, María Teresa Antoñanzas y Sara Carreño tienen derecho a solicitar una indemnización de algo más de 8.300 euros correspondientes a 54 días de sueldo.
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Los que la pedirán.
Los parlamentarios populares pedirán la indemnización. Sara Carreño (Podemos) se limitará al tope marcado por su partido (1.965 euros) y donará el resto, incluido lo percibido por dietas.
Cinco de los representantes riojanos se encuentran en ese catálogo: los dos únicos socialistas presentes en las Cortes, César Luena y Francisco Martínez y, desde las filas del PP, Pedro Sanz, Francisca Mendiola y Emilio del Río.
Para los otros cuatro representantes del pueblo riojano en las instituciones democráticas de mayor rango también se recoge una opción económica para digerir el tiempo que resta hasta el 26J.
Pedir o no pedir
Se trata de la indemnización de transición prevista legalmente llegada esta coyuntura equivalente a casi dos meses de sueldo (los 54 días de sueldo que restan hasta la nueva cita electoral), incompatible con otro tipo de ingresos. En otras palabras: 8.345,6 euros abonados en un pago único, que sus señorías cesantes deben comunicar en un plazo de quince días si se acogen a ellos o no. Tanto Concepción Bravo como José Luis Pérez Pastor y su compañera en el Senado María Teresa Antoñanzas han confirmado que la reclamarán.
En el caso de Sara Carreño (Podemos) la decisión es distinta. La formación morada ha decidido que aquellos de sus diputados que pueden reincorprarse a su antiguo trabajo durante esto corto periodo hasta las siguientes elecciones lo hagan, y por tanto renuncien a la indemnización. Es el caso de los funcionarios, por ejemplo.
Pero para aquellos que trabajan en el sector privado, y para los que por tanto una reincorporación tan breve es muy difícil, la formación ha decidido que cobren la indemnización siguiendo las directrices normales de Podemos. Es decir, un top de tres salarios mínimos (1.965 euros), la reuncia a los importes por dietas y al dnoación del resto al partido (505) y el resto a la fundación Impulsa, que destina sus fondos sociales a lo que los afiliados deciden.
A la espera de conocer si las urnas les devuelven a sus puestos en la capital, las Cortes han acordado que todos puedan quedarse con sus móviles y tablets de última generación que deberán devolver o pagar a precio de mercado en caso de no regresar a Madrid.
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