La red de la Operación Kaoba pagaba 0,7 euros a la hora a los pakistaníes que traía a España

En libertad bajo fianza desde el 23 de marzo, el día 31 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela (que instruye el caso) daba por cerrada las diligencias de investigación y llamaba al Ministerio Fiscal a fundamentar una acusación o a solicitar su sobreseimiento.

Según el auto, los más de 4.000 folios del sumario confirman las acusaciones y , dice el juez, los hechos tienen «caracteres de delito». Así, concluye que los cinco imputados podrían ser acusados de los delitos de trata de seres humanos (penado con hasta 8 años de cárcel); de falsificación de documentos (hasta 3 años); de usurpación de estado civil (hasta 3 años); y contra los derechos de los trabajadores (hasta 3 años). «Todo ello con la circunstancia de actuar como organización criminal, estar integrado en una organización delictiva de carácter estable e indefinido [...] dedicada en exclusiva a la comisión de éstos ilícitos».

Cinco empresas

El auto revela que la red contaba con al menos cinco sociedades (una comunidad de bienes, dos sociedades civiles y dos limitadas) con un nexo en común: Javaid A., que las controlaba bien directamente, bien a través de su hija, que actuaba como testaferro.

Dedicadas a la explotación de kebabs y locutorios y a la construcción, también las usaban para simular contrataciones en base a las que, tras tres años de explotación y «condiciones mínimas de higiene y salubridad», regularizar a los inmigrantes. En esa tarea dos fueron las empresas más activas: Mehtab 2006, SL y Aslam Javaid y Iqbal Athar C.B. Los investigadores creen que a través de la segunda se concedieron 18 permisos de residencia y se renovaron seis.

125 permisos de residencia

Pero la vía principal para esas regularizaciones masivas fue Mehtab 2006 SL -propiedad de Javaid A. y su esposa, K.R.-, dedicada a la construcción y en la que desde el año 2006 han estado contratados 387 trabajadores, todos de origen pakistaní. Entre el 2007 y el 2012 sus contratos se utilizaron para conceder 125 permisos de residencia. Por su parte Moneeb SL, propiedad de Javaid A. y su socio M.H., contrató en 3 años a otros 106 trabajadores.

Las investigaciones concluyen que con ese entramado societario, la trama trasladó a España de manera ilegal, explotó laboralmente y finalmente legalizó a, al menos, 143 pakistaníes, lo que les podría haber reportado beneficios superiores a los dos millones de euros (la red cobraba entre 6.000 y 15.000 euros a cada uno).

La investigación desplegada hasta el momento también apunta que la estructura interna de la organización -en la que cada miembro tenía asignada una función y en la que, de manera colateral, también aparecen otros familiares de los imputados- estaba reforzada por las excelentes relaciones con miembros de la embajada y el consulado de Pakistán en Madrid y Barcelona, respectivamente.

Miembro del PLMN (Pakistán League Muslim Nawaz) Javaid A. también está vinculado a destacados miembros del Gobierno regional de Punjab (Pakistán) y a dirigentes de esta República Islámica. Entre otros, Mian Tariq Mahmood, parlamentario pakistaní del Punjab e integrante de la trama criminal, según los investigadores. Esas estrechas relaciones hicieron que el secretario de la embajada, Imarn Haider, solicitara a Javaid A. que facilitase la regularización del yerno del contable de dicha legación. A cambio, según la investigación, «la embajada facilitaría la obtención de pasaportes a aquellos individuos que Javaid A., M.H. o Fida Hussain (presidente de la asociación pakistaní de La Rioja) solicitaran».

Golpes, encierros y dos niveles

En la investigación fue clave la denuncia y la declaración de dos testigos protegidos. Uno de ellos explicó que pagó 11.000 euros por su viaje a España; que trabajó para la trama sin contrato -y sin cobrar o recibiendo 50 euros al mes-; que vio cómo A.I. y M.H. pegaban a otros trabajadores; que como el resto de trabajadores estaba encerrado en las viviendas; que el hermano y el socio de Javaid A. (M.H. y M.A.) vendían contratos y visados; y que los familiares de los investigados en Pakistán buscaban a las personas que iban a ser traídas a España.

Con ese punto de partida, los investigadores conocieron que la banda, una vez que los inmigrantes llegaban a España tras un viaje que les llevaba de Gujrat a Islamabad y, previa escala en Kuwait, a Roma para, por carretera, llegar a Tudela o Calahorra, los empadronaba en los pisos que alquilaba la red. Allí estaban vigilados por el grupo, que tenía control absoluto sobre ellos ya que, incluso, 'custodiaban' sus pasaportes.

Los investigadores, que intervinieron los correos electrónicos de la trama, también concretan las retribuciones que recibían los trabajadores explotados. Dentro de esa explotación habría dos niveles: los ilegales, a los que según un testigo protegido daban 5 euros al mes para cortarse el pelo y 5 para llamar por teléfono, y los 'asalariados'. Sus nóminas en la Seguridad Social apuntaban pagos de 1.513,77 euros, pero las anotaciones de la red sobre los pagos realizados certifican abonos de 11 euros diarios por jornadas laborales de 15 horas, es decir a 70 céntimos la hora (406,44 euros por 36 días de trabajo).

Entregar a un trabajador por cien euros

La banda también 'comerciaba' con los trabajadores. En una conversación intervenida, M.A. le dice a su primo que le puede dar a un trabajador por cien euros, operación que se concretó con el beneplácito de Javaid A. Además, la trama obligaba a los trabajadores a aprenderse la identificación de otros compatriotas «que concuerden con su edad y fisonomía» y que estaban en situación regular para identificarse así en una hipotética inspección de trabajo.

De igual manera, la red hacía uso de la identidad de los inmigrantes que había introducido en España para ocultar envíos de dinero a Pakistán. Así, la investigación ha detectado que al menos se enviaron 16.000 euros con identidades de las víctimas de la banda «para ocultar la identidad real del emisor».