Dos empresas denuncian al Gobierno por haber modificado el proyecto del San Millán

La intención original preveía una inversión global de 80 millones de euros, ubicando en la parcela una sede administrativa para Salud y el SERIS, la Escuela de Enfermería, un centro de catástrofes, Salud Responde, los servicios 061 y 112 y un aparcamiento subterráneo con 302 plazas. Finalmente, la Consejería comandada tras las últimas elecciones por María Martín ha decidido, de acuerdo con varios de los agentes sanitarios, menguar la superficie de construcción de los 16.000 metros cuadrados pensados en principio a 6.000 y descartar tanto el parking como los inmuebles administrativos. Un coste total de 7 millones de carácter sólo público.

Ferrovial reclama 24.568 euros por los gastos incurridos por participar en el concurso (4.719 por las tareas de medición de la obra y 19.849 por las horas de trabajo dedicadas al proyecto), mientras que Iridium Concesiones de Infraestructuras y Qoda Construcciones solicita también intereses. Una circunstancia que obliga a abrir un plazo para que la firma argumente su reclamación y demorará un proceso que Martín ciñó a no más de diez días en su comparecencia ante el Parlamento del 2 de febrero.

El 24 de aquel mes se hizo la propuesta de resolución por el Servicio de Presupuestos, y el 11 de marzo los Servicios Jurídicos concluyeron que la propuesta es conforme a derecho. La desestimación se basa en que, aunque la Ley de Contratos con el Sector Público reconoce el derecho a posible compensación en casos de renuncia por parte del órgano de contratación, la práctica jurídica considera que esa compensación no se realiza en función de los gastos derivados de los trabajos necesarios para acudir a un procedimiento de licitación, lo que no deja de tener un riesgo inherente.

Salud motiva la desestimación en las interpretaciones que ya han hecho al respecto la Audiencia Nacional o el TSJ de Extremadura.