Bajan las familias que acuden a la Administración regional por problemas de vivienda

Estos datos los han facilitado en una rueda informativa el director general de Urbanismo y Vivienda, Carlos Alonso; y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible y Promoción Económica de Logroño, Pedro Sáez Rojo, quienes han presentado el balance de las medidas para atender a los afectados por ejecuciones hipotecarias.

Alonso ha explicado que, en los últimos tres años, el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) ha atendido a 756 familias y, de ellas, nueve de cada diez ya cuentan con una solución a sus dificultades para el pago de la hipoteca de su vivienda, lo que supone un 89 %; mientras que el resto se encuentra a la espera.

Ha insistido en que disminuye "de forma progresiva y constante" el número de familias atendidas, dado que en 2013 fueron 383, 214 en en 2014 y 132 en 2015 en el servicio de mediación; y los casos pendientes de resolver son, sobre todo, los planteados en el último ejercicio.

El concejal ha relatado que la Oficina de Atención del Ayuntamiento de Logroño atendió el año pasado a 67 familias y respondió 90 consultas de tipo económico y jurídico; frente a las 124 y 169, respectivamente, de 2014; y las 281 y 366 de 2013.

"Datos satisfactorios"

Ha asegurado que "los datos son satisfactorios, aunque mientras que haya un solo caso, no podemos estas satisfechos"; y ha resaltado que ambas administraciones, desde primeros de 2012, han sido "rápidas y ágiles" para plantear, de forma coordinada, medidas ante este problema, por lo que han estado "a la altura".

Han recordado que esta colaboración entre el Gobierno riojano y el Ayuntamiento de Logroño, que se remonta a 2012, tiene como fin apoyar a las familias que se encuentran en una situación de extrema gravedad en relación a la vivienda.

También han insistido en que ninguna familia ha quedado desprotegida o desamparada, ya que se han evitado los lanzamientos de vivienda y todas las familias se mantienen en sus casas o se les ha facilitado un nuevo alojamiento en alquiler. "Las administraciones riojanas hemos sabido responder con agilidad y eficacia a este problema que ha ocasionado la crisis económica a muchas familias", según el director general.

El IRVI, ha dicho, ofrece una atención gratuita y personalizada y "se está logrando, en la mayoría de los casos, que las familias sigan viviendo en sus casas, bien sea manteniendo la propiedad o en alquiler", y, si no es posible ninguna de estas opciones, se les busca un alquiler social e, incluso, una ayuda para afrontar el pago de la renta. "Estar cerca de los afectados, abrir la Oficina Municipal que les sirviera de referencia y desde allí poderles atender ha resultado un apoyo importante para estas familias que padecían uno de los problemas más difíciles que puede sufrir una persona, el riesgo de perder su hogar", según Sáez Rojo.

Para Alonso, el IRVI cumple con la función social encomendada por el Gobierno de La Rioja de proteger a estas familias afectadas por ejecuciones hipotecarias que se encuentran en el umbral de la exclusión social.

Ha citado que el Banco de España ha ratificado que el 84 % de las solicitudes del Código de Buenas Prácticas tramitadas en La Rioja, al que se adhieren voluntariamente las entidades financieras, se ha gestionado a través del IRVI.

Crece la demanda de alojamientos sociales

A lo largo de estos tres años se mantiene la reestructuración como la medida más aplicada, con 302 casos; seguida del Código de Buenas Prácticas, con 203; y la dación en pago, con 123; y, para él, "este escenario resulta coherente con la pretensión mayoritaria de las familias de conservar la propiedad de la vivienda".

También se ha referido a que ha crecido la demanda de alojamientos sociales para las familias que han perdido su hogar, por lo que "todas estas familias están siendo realojadas y ninguna se encuentra en situación de desamparo".

Ha relatado que muchas familias reconocen que si no hubiera sido por la mediación del IRVI con las entidades financieras, no se hubiera podido alcanzar una solución satisfactoria.

Sáez Rojo ha indicado que se han concedido 330.366 euros de ayudas en estos cuatro años para el pago de alquileres, cuyas bases se han adaptado a las necesidades que han trasladado los afectados, "siempre con el objetivo de facilitarles el acceso a ellas, simplificando trámites y que fueran lo más eficaces posible".

Sus datos indican que, en los últimos tres años, se han aprobado 60 expedientes de ayudas y se han renovado 44.

El conjunto de estas ayudas ha permitido elaborar un plan en el que se han implicado y colaborado las administraciones, en "un evidente ejemplo de colaboración en beneficio de los ciudadanos", y desde el primer momento contó con la sociedad. "Entre todos hemos hecho un buen trabajo, y justo es reconocerlo ahora que la situación se va superando", ha concluido el concejal, quien ha alabado el acuerdo entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño para reducir duplicidades.