El Consejo de Transparencia tramitará las reclamaciones de La Rioja

El convenio, firmado por la presidenta del CTBG, Esther Arizmendi, y el consejero de Administración Publica y Hacienda riojano, Alfonso Domínguez Simón, afecta a los 174 municipios de la comunidad y a las 317.053 personas que viven en ellos.

Para Arizmendi, la firma de este convenio representa un reconocimiento a la "independencia" del Consejo de Transparencia, "acreditada en sus catorce meses de actividad" y, además, "un ahorro considerable de gasto público para La Rioja".

El Gobierno riojano considera la transparencia como "un elemento imprescindible para dotar de calidad a los servicios públicos, dado que sin transparencia, no es posible alcanzar la calidad", ha indicado Domínguez, en una nota.

Por ello, el Ejecutivo de La Rioja decidió no crear un órgano propio y atribuir esta función a un organismo independiente mediante convenio, con lo que se persigue aplicar la Ley con absoluto rigor, reforzando los derechos de los ciudadanos sin incurrir en duplicidades innecesarias con la Administración General del Estado y sin incrementar el gasto público.

Buena nota de valoración

El acuerdo suscrito hoy, entre otros conceptos, garantiza que ningún gobierno pueda alterar esta competencia, dado que será necesario tramitar la modificación de esta decisión en el Parlamento regional, ha añadido el consejero.

Ha precisado que La Rioja mantiene una trayectoria "impecable" en los informes elaborados por Transparencia Internacional, ya que en el primero de ellos, elaborado en 2010, fue la tercera comunidad autónoma mejor valorada, con una nota de 83,8 puntos.

En 2012, el Gobierno de La Rioja se aupó al primer puesto con un resultado de 97,5 puntos y en la última edición, desarrollada en julio pasado, esta comunidad mantuvo el sobresaliente alto, lo que avala la trayectoria y la apuesta por la transparencia del Ejecutivo regional, ha dicho.

Con el acuerdo suscrito hoy, La Rioja se une a Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria como las comunidades que traspasan al CTBG la competencia de tramitar las reclamaciones relacionadas con el derecho a saber de sus ciudadanos. Además, Extremadura se unirá a este grupo "próximamente", según el comunicado.

Por su parte, Andalucía, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana han optado por crear su propio órgano para garantizar la transparencia, y otras comunidades, como Castilla y León, Galicia y Madrid han encomendado estas funciones a instituciones ya existentes.