La Rioja contará con una «nueva renta de ciudadanía»

Ceniceros ha realizado este anuncio durante la sesión plenaria que este jueves se está realizando en el Parlamento de La Rioja y en respuesta a la pregunta realizada por parte del Grupo Parlamentario Popular, en voz de Carlos Cuevas, sobre "qué previsiones tiene el Gobierno regional con relación a la implantación de una renta de ciudadanía en La Rioja".

En este punto del orden del día, José Ignacio Ceniceros ha destacado que "en el año 2015, 2.950 personas en La Rioja han obtenido prestaciones económicas de inserción social (IMI y AIS)" y, además, "hemos reducido el tiempo de pago, hemos aumentado las ayudas a los ayuntamientos para emergencia social y hemos ofrecido bonificaciones a las empresas que contraten a sus beneficiarios". Todo ello demuestra "el interés del Gobierno regional" ante la situación de las personas más vulnerables.

Además, ha anunciado también que en un breve periodo de tiempo, el Gobierno "modificará la orden de subvenciones al Ayuntamiento para evitar cortes a familias en riesgo de exclusión social recogiendo las sugerencias de trabajadores sociales y algunos de los Ayuntamientos".

A todo ello, ha continuado, "queremos dar un paso más con una renta de ciudadanía que mejore el esquema actual y que es un reto complejo que estamos abordando con rigor y sin estridencias".

Así, ha destacado, la nueva renta incrementará "las cuantías económicas" y "se buscará garantizar la integración y autonomía personal de beneficiarios, se eliminará el tiempo de espera, la concesión de la renta no estará sujeta a plazo y la propuesta procurará su máxima empleabilidad". Además, ha continuado, "la ayuda variará y se adaptará a las circunstancias de los beneficiarios y la nueva renta de ciudadanía tendrá crédito ampliable".

Todas estas características, ha continuado, "se trasladarán a la mesa de facilitadores de la red de inclusión social". Con esta nueva renta de Cuidadanía se "mejorará en justicia, dignidad" así como en "eficacia y en responsabilidad". Todo porque "las personas son el centro de nuestra acción política y nuestras decisiones están orientadas en mejorar la atención de los riojanos y sobre todo, de los más vulnerables".

La transparencia, autoimposición

En otro orden de asuntos, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha destacado que desde su propio Gobierno "nos hemos autoimpuesto más transparencia a la hora de cumplir con nuestro mandato parlamentario" y ofrecer una rendición de cuentas "clara" por lo que ha recordado al resto de grupos representados en el Hemiciclo regional que "mi Gobierno está a disposición de esta Cámara" y reforzará la labor de comunicación" aumentando, de forma cuantitativa y cualitativa "nuestra rendición de cuentas".

Ceniceros ha respondido así a la diputada regional del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Rebeca Grajea, quien ha preguntado "sobre la ejecución en la que se encuentran las Proposiciones No de Ley relativas a la IX legislatura aprobadas en el periodo ordinario de sesiones que abarca de septiembre a octubre".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que "ahora hay más actividad porque hay más grupos" y este escenario "se traduce en un mayor grado de exigencia, también para este Gobierno". Aún así, ha insistido "en estos momentos ya hay aprobadas más Proposiciones No de Ley que en toda la legislatura pasada, doce en concreto". Con todo ello, ha sentenciado, el Gobierno "ha cambiado su política de rendición de cuentas porque queremos mejorar la cantidad y calidad de esa información".

Durante su turno de réplica, Rebeca Grajea, ha destacado que se debe informar y comunicar ese estado de ejecución "de forma trimestral" y ha pedido "que cumplan con este mínimo". Todo porque, según Ciudadanos, "hay informaciones que hemos conocido pero en otras cuestiones no sabemos nada, incluso aunque entremos en el Portal de Transparencia del Gobierno regional" y le ha emplazado "a cumplir con el reglamento".

Derechos laborales y empleados públicos

Finalmente, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha destacado que su Ejecutivo "es plenamente consciente de que gracias al esfuerzo de los funcionarios en La Rioja se ha garantizado servicios públicos de calidad a lo largo de estos años" y ha anunciado que "en marzo de 2016 recibirán el resto de la paga extraordinaria aplazada en el año 2012".

A los funcionarios públicos "se les ha exigido mucho" y ahora "deben recuperar lo perdido de manera progresiva", ha sentenciado Ceniceros. En este sentido, ha detallado, que en los primeros meses de Gobierno se ha aprobado el presupuesto para 2016, que recoge un incremento del 4,23 por ciento respecto al año anterior en el capítulo de Gastos de Personal, derivado tanto del aumento de las retribuciones en un 1% como del aumento del personal de las consejerías sociales, y se ha abonado otro 26% de la paga extra de diciembre de 2012, además de presentar una propuesta de oferta de empleo público de 251 plazas en los tres sectores de la Administración autonómica.

A estas medidas, según ha indicado José Ignacio Ceniceros, se podrían sumar las presentadas la pasada semana a los sindicatos en la mesa general de negociación, que conforman "la propuesta más ambiciosa que se puede plantear para hacer compatible la restitución de los derechos de los empleados públicos con los compromisos de la consolidación fiscal", dado que agota las posibilidades que ofrece la normativa básica del Estado.

Esta propuesta incluye la devolución en marzo del 50% restante de la paga extra, "lo que nos convertirá en una de las primeras comunidades que devolverá íntegramente dicha paga extra"; la concesión a los empleados públicos de hasta 3 días adicionales de asuntos particulares y hasta 4 días adicionales de vacaciones por antigüedad (que se sumarían a los 6 días de asuntos particulares, y 22 días hábiles de vacaciones que en estos momentos disfrutan todos los empleados públicos); la convocatoria inmediata del concurso de méritos para garantizar la estabilidad en la promoción profesional de los empleados públicos y el inicio, en 2017, de las negociaciones para restablecer la carrera profesional en el SERIS y para su implantación en el ámbito de la Administración General y docentes.

En los últimos seis meses "hemos tomado decisiones con respecto a los empleados públicos incrementado un 4 por ciento hasta 430 millones de euros, un aumento del 17,45 millones". Además "hemos aumentado el personal destinado a prestar su servicio a las Consejerías Sociales y hemos incrementado las retribuciones del servicio en un 1 por ciento con respecto a las vigentes en 2015, 4,3 millones de euros supone y hemos abonado en octubre un 26 por ciento de la paga extra y hemos presentado una propuesta de empleo público de 251 plazas".