La 'Operación Zeta' llega a La Rioja: subvenciones a cambio de falsos cursos de formación

La titular del juzgado gallego ha planteado la posibilidad de trasladar a la Audiencia Nacional la parte de la instrucción de la 'Operación Zeta' que corresponde a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

En una providencia remitida la semana pasada a las partes, la jueza ha planteado a la Fiscalía y a las partes personadas esta cuestión, así como la posibilidad de hacer partes separadas en esta causa -que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas- tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así lo han explicado fuentes jurídicas del caso, que han precisado que el expediente tiene ya 18.000 folios. "Y más que va a haber", han añadido después de que la jueza hiciese público el viernes un auto en el que cita a 25 nuevos investigados y otros 23 testigos; entre éstos últimos está el entonces responsable máximo del Servicio Riojano de Empleo, el exconsejero Javier Erro.

Entre los primeros, figuran nombres como la exdirectora xeral de Traballo y actual directora xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia, Ana María Díaz, y el exdirector de Formación e Colocación durante el bipartito de la Xunta, Pastor Fuenteseca Díaz.

Entre los testigos citados, están la exconselleira de Traballo e Benestar y actual responsable de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, y también, según han precisado fuentes relacionadas con el caso a Europa Press, "altos cargos de varias comunidades autónomas". En concreto, han aludido a "directores generales y subdirectores".

Apropiación de fondos

Sobre el funcionamiento de Caype, en el auto hecho público el pasado viernes, la jueza sostiene que se constituyó "como un mero artificio cuya finalidad última es la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y la relativa a la justificación del gasto".

De esta forma, según alude en referencia a informes obrantes en la causa, "el engaño le permitió acceder a fondos públicos por importe superior a los cuatro millones de euros".

Éstos se habrían obtenido, supuestamente, de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y el Servicio Riojano de Empleo.

A los 25 nuevos investigados, se suman los 30 imputados antes de que esta figura jurídica se sustituyese por la de 'investigado'. Entre ellos, están el presidente de Caype, Eliseo Calviño, y el que se considera el cabecilla de la trama y propietario de la empresa de cursos de formación Azetanet, el empresario coruñés Gerardo Crespo.