«Los empresarios riojanos han llevado al extremo la reforma laboral»

Para Cristina Antoñanzas, secretaria general de UGT Rioja, los datos de demandas por despidos que recoge el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe 'Los efectos de la crisis en los órganos judiciales' no suponen ni el 10% de todos los despidos que se han contabilizado durante la crisis. En muchas ocasiones o bien los trabajadores no han reclamado o bien han acudido a la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) o al tribunal laboral y han llegado a un acuerdo antes de tener que acudir a los juzgados.

Con independencia de ello, considera que el repunte de los años 2012 y 2013 obedece a la reforma laboral porque «desregularizó el despido». Además, «los empresarios riojanos llevaron al extremo la reforma laboral, incluso veíamos publicidad de asesorías que prometían despidos gratis», indica Antoñanzas.

La respuesta de UGT a la «interpretación torticera» que, según su secretaria general, dieron los empresarios de la región a la reforma laboral fue llevar los despidos a los juzgados y «en muchas ocasiones los jueces nos han dado la razón y aunque en otras no se ha llevado a juicio, hemos conseguido llegar a acuerdos con las empresas y mejorar las indemnizaciones».

El descenso de demandas de los años 2014 y 2015, Antoñanzas lo achaca al hecho de que «los empresarios han visto que los juzgados nos daban la razón, han viso que sí que se puede despedir, obviamente en este país es libre, pero no es gratuito».

En su opinión, también pudo influir en el repunte de asuntos que antes de la reforma laboral bastaba con que, ante un despido improcedente, el empresario depositara el dinero en un juzgado, y después de la reforma para cobrar una indemnización era obligatorio reclamar al juzgado.

Sea como fuere, para Antoñanzas, los datos del FOGASA ofrecen otra radiografía de los despidos en la región. Mientras en el 2007 este organismo público abonó 1,8 millones de euros, en el 2013, 17 millones.