«Nos llegan siete nuevos casos cada semana»

«Ahora mismo estamos recibiendo una media de seis o siete nuevos casos a la semana, eso que solo abrimos los lunes porque no tenemos local propio. Es cierto que ahora hay más casos por alquiler, pero cada vez son más y más complicados y solo hablamos de Logroño y su entorno más cercano, porque no nos llegan los de La Rioja Alta y La Rioja Baja, donde sabemos que hay más incluso, pero mucha gente renuncia a acudir en busca de ayuda por miedo o vergüenza y sólo nos enteramos cuando da el aviso la asistenta social», asegura Helga Vila, una de las portavoces. «Es imposible conocer hoy el número de afectados en La Rioja porque muchos casos no nos llegan. Lo que desde luego es mentira es que no hay ejecuciones y desahucios, eso sigue existiendo», tercia Pedro Rodríguez.

«La gente todavía tiene vergüenza y se tiene que concienciar de que si no puedes pagar no es culpa suya. Por ello, les animamos a acudir al IRVI o a la plataforma porque si no, la solución cada vez es más difícil», añade Helga Vila.

Partidarios del servicio de mediación del IRVI, una herramienta que consideran «positiva, pero mejorable», desde la PAH se urge a la Administración a intensificar la presión sobre las entidades bancarias. «Mientras los afectados entran en el Código de Buenas Prácticas o en la Ley de Segunda Oportunidad toda va bien, pero eso lo hace cualquiera; el problema es cuando no se cumplen algunos de los requisitos», resume Helga, quien concreta que también reclama «al IRVI que presione o negocie con las entidades bancarias, porque tienen un montón de viviendas vacías que permitirían poner a disposición de los afectados más pisos de alquiler social. Por ejemplo, se anunció que Bankia dejaba 50 viviendas, pero el IRVI solo dispone de 18».

«Vemos que la Administración anda con pies de plomo a la hora de presionar a los bancos, a los que habría que forzar para que cedan todas sus viviendas vacías a la Bolsa de Alquiler en la que se deberían rebajar los requisitos para que de verdad pueda acceder quien lo necesita», coincide Pedro Rodríguez, quien, tras reclamar al IRVI o al Ayuntamiento un local para la PAH, alerta de que «la mayoría de los expedientes se cierran con una reestructuración de la deuda, pero si no somos capaces de que esa persona encuentre un trabajo, el problema volverá a estar ahí al cabo de cuatro o cinco años, porque la deuda no desaparece».