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Luis J. Ruiz
Jueves, 30 de julio 2015, 21:11
¿Tiene previsto casarse o divorciarse? Pues pida cita con un notario. En un abrir y cerrar de ojos, un par de firmas y tras la lectura de los habituales artículos del Código Civil estará usted casado. A todos los efectos. Con la misma fuerza que si lo hubiera hecho un juez o un alcalde. Lo mismo pasa con el divorcio. Si no tiene hijos y está de acuerdo con su pareja en que no hay nada mejor para ustedes que kilómetros de por medio, vaya también al Notario. En principio, todo parece indicar que no le saldrá muy caro. Unos 95 euros. Eso sí, habrá que esperar para que el precio se concrete.
Esas son dos de las consecuencias de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, una vieja promesa del legislador español. En el año 2000, se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil que encomendó al Ejecutivo redactar la de Jurisdicción Voluntaria. Quince años después, el viernes 24 de julio entró en vigor para, dice la propia norma, «dar una mayor coherencia sistemática y racionalidad a nuestro ordenamiento jurídico procesal [...] aprovechando la experiencia de los operadores jurídicos [...] para ofrecer al ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses».
¿Cómo se traduce, en la vida real, esa barroca declaración de principios? En la práctica servirá para ofrecer al ciudadano una alternativa a la hora de realizar ciertos trámites que, hasta ahora, estaban atribuidos con carácter exclusivo a la Administración de Justicia. Así, la competencia para desarrollar ciertos trámites y actos que sólo se podían hacer ante un juez y en los que no existe disputa entre las partes, es compartida ahora por notarios, registradores de la propiedad y mercantiles.
Es una prolija relación de nuevas funciones (una treintena)... pero dos son las más mediáticas, las que más interés (no exento de polémica) han despertado: las bodas y los divorcios y separaciones. Si hasta ahora para casarse por lo civil había que ir al Juzgado o al Ayuntamiento, desde ahora los notarios -además de los secretarios judiciales- también están capacitados para celebrar uniones. Eso sí, el expediente matrimonial lo seguirá tramitando el Registro Civil. Al menos hasta el 2017, cuando los notarios podrán desarrollar el trámite completo. Lo mismo pasa con las separaciones y divorcios. Para disolver una unión matrimonial no hará falta ir a los juzgados, se podrá completar, también, en una notaría. No será en todos sino en aquellos casos en los que, además del acuerdo de la pareja, no existan hijos menores a cargo del matrimonio.
Aranceles sin determinar
Una de las grandes dudas será el coste. ¿Cuánto cobrará un notario por una boda o un divorcio? Las cantidades aún no están fijadas y el precio no será libre sino que en menos de tres meses habrá una norma en la que se fijarán los aranceles que cobrarán por las nuevas funciones que asumen. A la espera de que esas tarifas sean públicas, los notarios aseguran que el precio de los ramos de muchas novias serán más caros que sus honorarios. Cuando se hicieron públicas las nuevas competencias de los notarios (allá por el 2013) el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cifró el coste de las bodas en 95 euros pero el Gobierno debe aprobar en tres meses los aranceles correspondientes. Casarse en el Ayuntamiento de Logroño o en el Juzgado no exige el pago de tasa alguna.
El objetivo de la ley, corroborado por los notarios es, por un lado, reducir el tiempo de espera del ciudadano para realizar unos trámites en los que no hay dos partes enfrentadas; por otro, aligerar la carga de trabajo de los juzgados. Además, colateralmente, los notarios recuperarán parte de la carga de trabajo perdida durante la crisis.
Más allá de bodas y divorcios, los notarios del Colegio Notarial de La Rioja tendrán más protagonismo en asuntos sucesorios asumiendo las declaraciones de herederos colaterales (primos, sobrinos) de quien fallezca sin testamento; tramitando reclamaciones de deudas sin controversia; gestionando subastas; o tramitando expedientes de conciliación, entre otras funciones.
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