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LUIS JAVIER RUIZ
Sábado, 25 de abril 2015, 20:04
Digamos que se llama Álex. Y puestos a decir, digamos que era fontanero y que un buen día empezó a jugárselo todo. O que se llama Manu y que consumía anfetamina y cocaína; o que su nombre es Alberto y que lo suyo era beber ... hasta, como dice la canción, perder el control. A los tres se les fue de las manos su adicción. Uno robó; otro optó por conducir reiteradamente sin carnet y darse a la fuga; y el tercero por llevar demasiada droga en el coche. Los tres están ahora limpios y, salvo en uno de los casos en el que sí hubo ingreso en prisión, todos han conseguido rehabilitar su vida gracias a una de las áreas más desconocidas del sistema penitenciario español: las penas y medidas alternativas.
Esos son sólo tres del millar de expedientes que, sólo durante el 2014, gestionó el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) de La Rioja. Casi un millar de causas penales (no necesariamente de infractores) que eludieron la prisión gracias a unas medidas «totalmente positivas que permiten compatibilizar el cumplimiento de la condena con las circunstancias vitales del infractor», explica Ana Martínez Navaridas, responsable del SGPMA en La Rioja.
Esas medidas alternativas se pueden concretar de manera muy diferente en función del caso, pero todas se pueden englobar en tres grandes grupos: los más populares trabajos en beneficio de la comunidad, las suspensiones y las sustituciones de condena. Cada una tiene unos métodos; todas tienen un fin: que el condenado puede reparar el daño causado a la sociedad evitando los efectos de las penas privativas de libertad.
1.- Trabajos en beneficio de la comunidad
Debe ser una actividad laboral constructiva, útil, práctica, complementaria, no remunerada, no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado laboral. Debe compaginarse con las obligaciones laborales de quien cumple la medida. Es un trabajo voluntario, una obligación positiva, con duración determinada. La medida pretende reparar los daños causados por la infracción penal, singularmente con la asistencia directa a las víctimas (en determinados casos) y de forma genérica colaborando en el interés general.
Los trabajos en beneficio de la Comunidad tienen una esencia reparadora. Para quienes la realizan, tiene una función reeducativa a la vez que se hace algo útil, provechoso, necesario. Para la Comunidad, para la sociedad, tiene una finalidad restitutiva a la vez que ejemplarizante e integradora.
2.- Suspensiones de la condena impuesta por el juzgado
Los jueces podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena que el condenado haya delinquido por primera vez. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que la persona no delinca en el plazo fijado por el juez que puede imponer la prohibición de acudir a determinados lugares, la de aproximarse o comunicarse con la víctima, familiares o personas que se determinen o la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de animales y de otros similares.
3.- Sustitución de la condena impuesta por el juzgado
Los jueces también podrán acordar la sustitución de las penas de prisión que hayan impuesto y que no excedan de dos años por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. También puede el juez imponer la prohibición de acudir a determinados lugares, la de aproximarse o comunicarse con la víctima, familiares o personas que se determinen y además la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico.
Los trabajos en beneficio de la comunidad son los más conocidos y para quienes lo realizan comporta una función reeducativa a la vez que hace algo útil y provechoso para la sociedad. La seguridad vial y los delitos y faltas de lesiones, dicen las estadísticas, las infracciones que dan lugar a la mayor parte de condenas a estos trabajos.
El Ebro, la Grajera...
Las riberas del Ebro a su paso por Logroño, tras las últimas crecidas, fueron tomadas por toneladas y toneladas de residuos. Miguel y Richard son dos de los cinco miembros de la 'cuadrilla' de condenados a trabajos en beneficio de la comunidad que desde hace semanas trabajan en su limpieza. Deben a la comunidad 90 y 180 jornadas de trabajo (de dos horas de duración cada una con un cumplimiento máximo diario de cuatro horas) y reconocen que se lo sacan del cuerpo, que hay 'destinos' más llevaderos. Miguel, por ejemplo, estuvo en la Cocina Económica... pero prefiere la ribera del Ebro.
Los dos llegaron al Ebro por la misma vía: un vista de previa conformidad en el juzgado (una de ellas hace 4 años) en la que asumieron los hechos y lograron una rebaja en la condena y su sustitución por los trabajos que ahora realizan. «Entre entrar en la cárcel y esto...», asumen los dos a los que les queda casi la mitad de la 'condena'. Pero la paralizarán. Empiezan a trabajar. El reto, siempre, es compaginar ese cumplimiento con la vida social y laboral del condenado. La limpieza de las riberas del Ebro es uno de los destinos contemplados en el convenio con el Ayuntamiento de Logroño, resume Martínez Navaridas mientras que desde la unidad de Medio Ambiente del Consistorio recuerdan que, por ejemplo, la cartelería de La Grajera y el vallado se pintó y restauró aplicando este convenio. Lo mismo pasó con la granja de animales domésticos del mismo parque.
Pero no todo es limpiar ríos. También hay talleres en Fundación Cáritas Chavicar. Allí está Marc (nombre ficticio, como todos los empleados en este artículo) que destina cuatro horas diarias al taller de restauración de muebles. «Pedí la sustitución», recuerda. El estaba en el programa de jóvenes de la entidad y todo se agilizó. Inmaculada Espila, responsable del área sociolaboral de la entidad, asume que «es una experiencia positiva porque ofreces una plaza para integrar a estas personas laboralmente» y que habitualmente todos responden.
Plazas para todos
En total, en La Rioja hay 474 plazas para realizar estos trabajos. Son menos que condenas... pero no hay déficit ya que por el tipo de cumplimiento (fines de semana, un día a la semana...) la misma plaza puede ser ocupada por más de un condenado. «Se empieza a cumplir casi inmediatamente», explica Martínez Navaridas, que explica que hay convenios con casi todos los consistorios, con muchas ONG y que en el caso de delitos contra la seguridad vial se pueden realizar en el taller de sensibilización TASEVAL.
Pero esa fórmula no siempre es la mejor opción. Lo dice Alberto. Él se benefició de otras medidas alternativas: la suspensión y la sustitución de la pena. La primera es evidente: la pena queda en suspenso siempre que el condenado no delinca en cierto periodo de tiempo. Pero sólo llegará al SGPMA si, además, va acompañada de alguna regla de conducta (participar en programas formativos, de desintoxicación...). La segunda pasa por una sustitución directa de la condena por alguno de esos programas.
Xabi y Manu lo tienen claro. El primero fue sorprendido con demasiada droga en el coche. Vio la luz durante la noche que durmió en el cuartel de la Guardia Civil. Dos días después estaba en Proyecto Hombre y consiguió equilibrar toda la inestabilidad que había generado en su familia. «Si hubiera optado por trabajos en beneficio de la comunidad no habría salido de la droga», asume. La suspensión de su pena está vinculada a su participación en un programa de desintoxicación -que incluye controles periódicos- y en los que organiza el SGPMA. Similar es el caso de Manu, que estuvo ocho meses en la cárcel, se fue a Barcelona y ha logrado reconstruir su vida de la mano de ARAD.
Entrar en la cárcel, para ellos, hubiera sido catastrófico. También para Alberto y el resto de sus compañeros de charla. «¿Qué hace un ludópata en la cárcel?», se pregunta la responsable del SGPMA que destaca la importancia de esos programas de intervención haciendo especial hincapié en los que celebra el servicio que dirige: sociosanitario, de violencia de género, de agresión sexual. A ellos hay que sumar los que ofrecen otras organizaciones de la región con los que hay convenios: ludopatía (ARJA), salud mental, alcoholismo (ARAD), drogas (Proyecto Hombre), etc.
Cuando se le pregunta a Martínez Navaridas su valoración global, se muestra más que orgullosa. Más aún cuando recuerda que ese trabajo ha sido reconocido recientemente por el Ministerio de Interior aprobando la carta de servicios de Gestión de Penas y Medidas alternativas, un documento que ofrece a los penados un compromiso de calidad con los recursos que están a su disposición.
Se trata de otro punto a favor de un servicio que ha convertido muchas condenas en el mejor de los regalos.
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