«En España ha habido un debate intencionadamente manipulado para desacreditar la prisión permanente revisable»

Uno de los males de la Justicia es el atasco que sufre. En La Rioja la situación no es tan desalentadora como en otras regiones pero también aquí hay juzgados colapsados. ¿Se va a tomar alguna medida para darle la vuelta a esta situación?

Es cierto que la imagen que tienen los ciudadanos es que la Justicia es lenta y tardía. No es así en todos los sitios, porque en La Rioja los tiempos de respuesta de los juzgados son de pocos meses, por tanto, intentamos encontrar soluciones adecuadas a los problemas. Así por ejemplo, la reforma que hemos presentado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende, por una parte, agilizar la Justicia y, por otra, utilizar mejor las tecnologías. Y agilizar la Justicia significa, por ejemplo, romper con el principio de la conexidad y eso a su vez quiere decir que hoy un juez cuando instruye una causa penal lo que hace es que todos los autores y todos los hipotéticos delitos que van apareciendo pasan a formar parte de la misma causa y eso son pleitos que tardan años en instruirse. Lo que hacemos con la reforma es cambiar ese principio de tal forma que cada delito tenga una causa y cada causa, una sentencia. Por tanto, vas acotando la investigación y la resolución. Por otra parte, la reforma del Código Penal, aprobada el jueves en el Congreso, trae la despenalización de las pequeñas faltas. No tiene sentido que vayan a un ámbito jurisdiccional, son temas más administrativos y se van a resolver por parte de la Administración pública. Luego hay una serie de delitos menores que se cometen sin autor conocido que también van a pasar a una tramitación administrativa y no jurisdiccional. Intentamos quitar de la mesa del juez y del fiscal asuntos menores que le restan tiempo. En paralelo, a los asuntos más complicados se les fija un límite máximo de tiempo para que la instrucción finalice en 6 meses si es un causa sencilla o 18 meses cuando sea compleja y haya que pedir una colaboración internacional o haya varios autores.

¿Habrá prorrogas?

Sí, si el juez lo solicita o si el fiscal así lo considera.

Una reivindicación histórica de La Rioja es el Juzgado de lo Penal 3. Aligeraría la carga de trabajo en la jurisdicción más colapsada en la región. ¿Entre sus planes está prevista la creación de este órgano?

Vamos a estudiar los datos del Consejo General del Poder Judicial y en primavera, cuando tomen posesión los nuevos jueces de la última promoción, lo que haremos será priorizar teniendo en cuenta las cargas de trabajo.

Hace escasas semanas eliminaba las tasas judiciales para las personas físicas. ¿Las considera un error?

Son medidas que se adoptaron en momentos determinados, en los años 2011 y 2012, con una situación de crisis económica gravísima y con una situación de desequilibrio presupuestario en España. El Gobierno anterior se había gastado 90.000 millones de euros más de los que había ingresado y nos encontramos con la necesidad de reactivar la economía española. Había que controlar el gasto público y mejorar el ingreso fiscal, que había caído 70.000 millones de euros. Era una situación de auténtica tragedia, tanto, que estuvimos a punto de ser rescatados. En ese momento se tomaron una serie de decisiones muy difíciles, se subieron los impuestos, se recortó el gasto y la justicia también contribuyó ampliando las tasas a las personas físicas. Pero habían generado un elemento de tensión muy grande con abogados, procuradores, graduados sociales y desde el punto de vista de recaudación no suponían una gran aportación. Además, en este momento, dada la mejora de la recaudación fiscal y del conjunto de los impuestos, el Ministerio de Hacienda podía prescindir de este ingreso y es ahora cuando hemos podido hacer lo que quizá hubiésemos querido hacer antes, pero la situación presupuestaria no nos lo permitía.

Pero en su momento la justificación que ofreció Alberto Ruiz Gallardón, su antecesor, es que las tasas nacían para sufragar la justicia gratuita...

La justicia gratuita se financia con los Presupuestos, como el conjunto de lo ingresos públicos, lo que es verdad es que no se creó, porque presupuestariamente no es posible, una vinculación directa, es decir, si recaudamos diez, gastamos diez. No obstante, con las tasas se ha recaudado un presupuesto muy inferior al gasto real que se tiene en asistencia jurídica gratuita.

El jueves de la semana pasada se aprobó el nuevo Código Penal, que incluye la polémica prisión permanente revisable. ¿En qué se diferencia de la cadena perpetua?

No tiene nada que ver. La prisión permanente, como su propio nombre indica, es revisable y la cadena perpetua no. Incorpora un concepto de que el cumplimiento está condicionado a la rehabilitación del condenado. Hay que acreditar que eso sucede y, por tanto, hay un sistema que evalúa que la persona condenada por delitos gravísimos, asesinatos múltiples, violación con resultado de muerte o pederastia, no se reintegre a la sociedad hasta que la autoridad judicial dé por acreditado que se ha producido esa reinserción, esa recuperación de los valores de la convivencia democrática. En España ha habido un debate interesadamente manipulado para desacreditar una institución que existe en todos los derechos de la Unión Europea.

Ha salido de prisión Valentín Lasarte después de 19 años de cárcel por asesinar, entre otros, a Fernando Múgica y a Gregorio Ordóñez. Algo que ahora no hubiera sido posible, ¿no? ¿Cómo se le queda el cuerpo?

Estamos viendo muchas veces la libertad de asesinos, terroristas condenados a miles de años por múltiples asesinatos, pero que como consecuencia de la aplicación de normas del pasado tienen una serie de beneficios penitenciarios, penas máximas de 20 años. Todo esto deriva de la legislación que hemos tenido en el pasado y no podemos hacer nada. Pero esto nos pone de manifiesto que, a pesar de lo intensa que ha sido la lucha antiterrorista, antes no contábamos con las herramientas adecuadas al estado de derecho. Hemos tardado algunos años en ser conscientes de la firmeza con la que había que luchar contra los terroristas y, por tanto, de tener absoluta firmeza en el cumplimiento íntegro de las condenas, en tener un sistema como el de la prisión permanente revisable y no que por la vía de aplicación de beneficios bienintencionados acabemos viendo a personas que con poco más de dos años por asesinato están en la calle en libertad. A Valentín Lasarte se le aplicaron una serie de ventajas y privilegios de otra época y eso lo repudia cualquier ciudadano de bien. No es razonable pensar que quien ha cometido asesinatos penados a cientos de años acabe cumpliendo sólo 19 y esté en la calle por todo este tipo de beneficios que no deberían haber sido así.

El Código Penal incluye el pacto antiyihadista PP-PSOE, ¿Cómo se va a articular?

Desde hace unos años estamos comprobando que existe una modalidad de terrorismo que en España no conocíamos. Conocíamos la lucha contra ETA y contra el GAL, pero no el terrorismo yihadista, que ha traído nuevas fórmulas, nuevas figuras delictivas, nuevas maneras de utilizar las redes para adiestrar a terceros, nuevas figuras de personas que van a formarse a otros países y retornar aquí para hacer captación o cometer actos terroristas. Son nuevas realidades que requerían un nuevo Código Penal, porque lo que teníamos antes no era adecuado, no era suficiente. Y como la política antiterrorista ha sido siempre una política de Estado, planteamos al PSOE hacer estas reformas del Código Penal de manera pactada y consensuada y como sabíamos que el PSOE tenía algunas discrepancias con el Código Penal, por ejemplo, con la prisión permanente revisable, lo que se hizo fue segregar del Código Penal, como un proyecto de ley autónomo, estos artículos que específicamente se destinan a la nueva forma de lucha contra el terrorismo yihadista.

¿Entiende que no lo hayan apoyado todos los grupos?

Hicimos una oferta común a todos los grupos parlamentarios y se añadieron algunos del grupo mixto, UPN, CC y Foro Asturias. Los demás no han podido o no han sabido estar en un consenso que nos parecía básico, porque en los grandes temas de Estado deberíamos estar todos juntos y ellos tendrán que explicarlo.

Hace unas semanas un diario localizaba a José Ignacio de Juana Chaos en Venezuela. ¿Se sabe algo?

Se solicitó la identificación, localización y posteriormente la extradición y está en su trámite. Tenemos un convenio interno bilateral de extradición y una serie de tratados internacionales que hay que suponer que se van a cumplir. No tenemos respuesta todavía, pero los trámites están en marcha.

Pero Venezuela condicionó la extradición a que no fuera una «mentira más»...

En el expediente que se emite cuando se solicita una extradición a cualquier país se envía un dossier completo que estoy seguro que permitirá comprobar la veracidad de lo que ahí se acredita.

Pero su respuesta inicial no permite ser muy optimista.

Bueno...

Apura los últimos meses de legislatura. ¿Qué le queda por hacer?

Tenemos diez proyectos de ley en marcha en el Congreso de los Diputados, por tanto, contamos con que este ciclo final sea muy productivo en términos de aprobación de reformas, porque todas van orientadas a la mejora de la Justicia o a la agilización de los tiempos o a la mejora de las garantías de los procedimientos, todo eso va soportado en normas y todas están orientadas para ser aprobadas antes de que finalice esta legislatura

¿Se le quedará algo en el tintero?

Nada sustantivo, pero sí reformas más completas, más globales del funcionamiento de nuestra Justicia. En términos procesales, está la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero es una reforma parcial, no es completa del conjunto de la Ley. Y en materia de nuevas tecnologías vamos a implantar medidas concretas de comunicaciones electrónicas entre juzgados y abogados o las notificaciones a través de SMS o de email, pero seguramente para poder ver la administración electrónica de la Justicia harán falta unos años más.