Ruz cree que los 200.000 euros donados al PP riojano para su sede salieron de la caja ‘B’

En el auto, y dentro del epígrafe general titulado "Salidas de fondos de la Caja B del Partido", Ruz narra el proceso que siguió al abandono del PP de su sede de Alférez Provisional y la compra del local de Duquesa de la Victoria. En ese proceso, cuenta el magistrado, se produce la entrega desde Madrid de 200.000 euros para pagar la nueva sede.

Ruz considera que esos 200.000 euros en realidad estaban regresando a La Rioja. En el auto explica que con anterioridad Bárcenas percibió "idéntica cantidad" desde el PP regional, una cantidad que fue consignada el 26 de mayo del 2008 bajo el epígrafe "Entrega de La Rioja". Bárcenas señaló en su momento al secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas como el hombre que le entregó el dinero, cosa que Cuevas negó en su declaración ante Ruz.

¿De dónde salían esos 200.000 euros? El auto dice textualmente que eran fondos "presuntamente procedentes de aportaciones efectuadas por terceros ante el PP de La Rioja, en fondos B y ajenas a su contabilización oficial, y que le habrían sido entregadas a Luis Bárcenas por responsables de dicha formación".

La operación, prosigue contando el auto, tendría como objeto desprenderse de los fondos B, "y obteniendo idéntico importe en fondos A, poder utilizar los mismos para contribuir a la compra de la sede regional".

PP: "No ha visto motivo"

El juez de la Audiencia Nacional nunca ha imputado a ningún responsable del PP riojano por estos hechos, y a éste hecho se aferraba el partido esta tarde en una primera valoración: "El Juez Ruz no ha visto motivo para actuar sobre el PP de La Rioja" dicen los 'populares' en una nota en la que también afirman haber colaborado con la Justicia, "así lo ha entendido el Juez Ruz". "El PSOE no ha logrado lo que pretendía", afirma el PP riojano.

Pedro Sanz, acompañado de la dirección de su partido, ha convocado a los medios mañana para valorar el auto de Ruz.

Bárcenas y Lapuerta

En un denso auto, el magistrado ha cerrado las diferentes pesquisas abiertas en el procedimiento sobre la contabilidad opaca del PP controlada por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a los que el juez confirma su imputación y abre la puerta para que se sienten en el banquillo de los acusados. También propone juzgar al exgerente popular Cristóbal Páez, a los dueños de la empresa Unifica, Álvaro Urquijo y Belén García, y a la empleada Laura Montero.

A estos se les imputa delitos contra la Hacienda Pública, tanto por parte de la empresa que reformó la sede nacional de Génova 13, por el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010, como por parte del PP por el impuesto de sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones presuntamente recibidas en dicho ejercicio, sin perjuicio de la cooperación de los responsables del partido en la comisión de los delitos atribuidos a Unifica.

A Barcenas y Lapuerta se les imputa, además, un delito de apropiación indebida y a los responsables de Unifica también el delito de falsedad documental. El juez Ruz considera presuntos responsables civiles subsidiarios al PP y a la citada empresa. La responsabilidad civil equivale a una multa por su implicación en los indicios penales confirmados.

Castilla-La Mancha

El magistrado ha incoado pieza separada y se inhibe a un juzgado de Toledo por la investigación sobre el expediente de limpieza de Toledo por el que se adjudicó a Sufí el servicio de basuras. Ruz aprecia indicios de delitos de prevaricación. En el momento presente, asegura el auto, no se cuentan con elementos indiciarios suficientes que justifique la investigación de aforados, cuya competencia sería del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Por último, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional y parcial de los 22 restantes imputados, entre ellos empresarios y el exsecretario general del PP Ángel Acebes. El juez cifra en 1.552.000 euros el pago total realizado a Unifica en negro por las obras en la sede nacional del PP.