La Rioja lleva a los tribunales a Cataluña por su ley de ríos

Ha añadido que, con este recurso, el Gobierno de La Rioja defenderá que "la gestión del agua no puede obedecer a razones políticas ni a aspiraciones unilaterales de una comunidad autónoma", sino que debe estar presidido por "criterios técnicos de gestión, con una visión global, integradora y solidaria de todos los territorios".

El agua es un "recursos vital" y un "bien común", cuya gestión debe ser integradora y solidaria de todos los territorios, con unos criterios "sensatos", ha añadido.

Ha recordado que, en 2009, el Gobierno riojano recurrió el Decreto 31/2009, de 24 febrero, por el que se delimitó el ámbito territorial del distrito de cuenca hidrográfica o fluvial de Cataluña y modificó el reglamento de la planificación hidrológica aprobado en 2006.

Ello se planteó al entender que afectaba directamente a las competencias e intereses de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la calidad ambiental de su entorno fluvial y los derechos de los usuarios riojanos del agua, ha precisado.

Del Río ha indicado que, por ello, en el recurso presentado en 2009, el Gobierno de La Rioja defendió que ese Decreto era, al menos parcialmente, inconstitucional porque es el Estado y la Confederación Hidrográfica del Ebro, en coordinación con las comunidades autónomas, el que debe establecer los criterios de uso y regulación de un recurso vital como es el agua.

El TSJ de Cataluña, en respuesta a este recurso, acogió, en una sentencia del 6 de junio de 2014, las tesis del Ejecutivo riojano, ha dicho, y anuló las regulaciones del Decreto catalán que afectaban a las masas subterráneas de determinadas cuencas.

El Gobierno catalán, con la aprobación de este nuevo Decreto, publicado el pasado 24 de diciembre, "desoye por completo" la sentencia del TSJ de Cataluña y "reitera una regulación que tiene prohibida", ha subrayado.

También cree que "incurre en una clara falta de transparencia", ya que no ha publicado el contenido íntegro de su plan hidrológico, lo que impide que el Gobierno de La Rioja conozca bien esta regulación y pueda defender sus derechos e intereses legítimos.