«En ese momento el plan de inspección favorecía situaciones de injusticia social»

A finales del 2011 la Consejería que pilota Antonino Burgos se sentó para analizar si el objetivo del I Plan de Inspección de VPO, que llevaba años gestando y en el que otras comunidades ya tenían y siguen sumando experiencia, se había cumplido. El fin era comprobar que se hacía un uso adecuado de la vivienda protegida en un momento de gran demanda, es decir que aquellos que accedían a la VPO la destinasen a los usos para los que había sido concebida, que fuera residencia habitual, que estuviera ocupada por el adjudicatario y que no fuera alquilada a terceros.

La crisis arreció, la demanda cayó y el grueso de infractores -la mayoría por desocupación- alegaron razones económicas para evitar la sanción. «Tenían bastante con seguir pagando la vivienda como para afrontar los gastos corrientes», apunta el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos. «Vimos que se producían situaciones injustas. En una vivienda no vivían porque no podían y encima nosotros íbamos a sancionarles económicamente; no tenía sentido en ese momento».

La segunda falta más común fue la ejecución de obras sin autorización o no acordes a lo que se les había concedido. «Tampoco tenía mucho sentido en una época en la que no había trabajo que alguien quisiera hacer una obra en su vivienda y no se lo permitiésemos porque la normativa de VPO lo prohibía, estábamos quitando trabajo a la gente cuando más lo necesitaba».

La Consejería se replanteó la continuidad del plan y se decantó por el no, máxime cuando las faltas por alquiler fraudulento o por ocupación de la vivienda por un tercero eran anecdóticas. «Para ser justa una norma -apunta- debe solucionar problemas y no crearlos, en ese momento, ese plan de inspección creaba más problemas que soluciones y favorecía situaciones de injusticia social».

Ahora bien, que la Dirección General de Urbanismo y Vivienda no actúe de oficio al amparo de un plan o con controles esporádicos, no significa que no lo haga si existe una denuncia de un particular por uso indebido. «Por supuesto que se actúa y se abre un expediente de sanción si se comprueba que es así». Claro que en la práctica no son habituales, reconoce Burgos, porque «es la pescadilla que se muerde la cola. Antes se producían porque había una demanda y ahora la gente tiene otros problemas mayores y esas cuestiones pasan a un segundo plano».

¿Cuándo se reactivarán los planes? «En cuanto veamos que la demanda vuelve a la VPO será el momento de volver a ponerlo en marcha, porque el plan de inspección lo que trata es de evitar las situaciones de injusticia con una vivienda que cuenta con ayudas públicas».