El Parlamento riojano dará ayudas a la investigación y prácticas para alumnos de la UNIR

Este acuerdo pretende ser "un estímulo para los alumnos, además de lograr mayor apertura del Parlamento y la UNIR a la sociedad riojana con el fin de satisfacer mejor las necesidades de la propia sociedad y trabajar conjuntamente para favorecer el desarrollo de nuestra región", según ha destacado Ceniceros.

El convenio fija una cooperación que completa la formación de los estudiantes, a través de becas para alumnos de grado de Ciencias Jurídicas y Sociales, ayudas para la realización de investigaciones o programas de prácticas en el Parlamento, "acciones todas ellas encaminadas a complementar su formación".

Ceniceros ha subrayado que el convenio tiene "unos beneficiarios directos que son los alumnos de Ciencias Jurídicas y Sociales y otro beneficiario más amplio, la población riojana en su conjunto, que será favorecida por la divulgación de conocimientos jurídicos útiles relaciones con el derecho autonómico y las instituciones de autogobierno".

El rector de la UNIR, por su parte, ha detallado que la colaboración entre ambas instituciones "ha venido funcionando siempre, máxime cuando el reconocimiento de la UNIR se hizo efectivo tras la aprobación en esta Cámara de una Ley, la Ley 3/2008, de 13 de octubre".

El texto

El texto establece concertar convenios de investigación en materias de interés mutuo, contribuir a la celebración de congresos, ciclos de conferencias o reuniones de cualquier tema relacionado con las Ciencias Jurídicas y Sociales, organizar exposiciones, cursos y actividades de promoción y divulgación de las funciones del Parlamento o establecer un intercambio de publicaciones.

En este sentido, Ceniceros ha anunciado una propuesta que "barajamos para celebrar próximamente y que trataría sobre la regeneración democrática y el buen gobierno", con la participación de académicos y representantes políticos.

Las actividades que se desarrollen al amparo del convenio contarán con un presupuesto específico que será aprobado por la Comisión Mixta, integrada por cuatro miembros de cada una de las instituciones, y que también se encargará de supervisarlas.