Jesús del Pozo y Tarik Azouza, con la carta remitida a Sanz.

«Si hay un número razonable de alumnos, se estudiará la propuesta»

Teri Sáenz

Miércoles, 3 de diciembre 2014, 21:45

Las reacciones a la petición de la UCID no ha dejado indiferente a los diferentes agentes de la comunidad educativa. Desde la Consejería, el director general del ramo, Alberto Galiana, expresó de partida el «máximo respeto y colaboración» con un colectivo sobre cuyo volumen, ... por otra parte, no existen datos oficiales.

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«Cuando un niño se matricula, no se le interroga por su credo», sostiene para subrayar así uno de los aspectos clave para habilitar la opción ahora planteada: la demanda real. «Si hay un número suficiente y razonable de alumnos, se estudiará autorizar algún aula el curso próximo, ya que el actual no ha habido solicitudes y además sería inviable por logística», avanza enfatizando la obligatoriedad de formalizar las peticiones por los conductos reglamentarios y negar falta de recursos. «Si hay un derecho legalmente reconocido, la obligación es disponer de los medios para que se materialice», concluye.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Centros Públicos, Gene Palacios, rechaza de entrada la opción a partir de uno de los principios medulares de FAPA-Rioja: la religión (cualquiera) debe salir de las aulas y ser impartida en su caso en espacios específicos. «Sin embargo, una vez que la católica sigue dentro, es lógico que también otras puedan tener el mismo trato», agrega.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA-Rioja) da la bienvenida a tal posibilidad en base a la libertad de los padres a escoger el tipo de educación en valores que desee. Carmen Castells, no obstante, cree improbable que se concrete en los centros que representa «porque al elegirlos también se atiende a su ideario».

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