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EFE
Lunes, 17 de noviembre 2014, 12:39
La consejera de Administración Pública, Concepción Arruga ha afirmado hoy que el Gobierno riojano ultima la determinación de "nuevo precio público", que permitirá una mayor agilidad en el cobro y más control sobre el dinero pendiente de cobrar.
Arruga ha hecho estas afirmaciones al explicar, en una rueda informativa, elinforme de fiscalización del Tribunal de Cuentas 2012, que, ha dicho, destaca la "buena gestión" del Gobierno de La Rioja en materia económica y financiera y reduce de forma "significativa" las recomendaciones respecto a años anteriores.
Un de las siete recomendaciones de este informe, frente a las once del anterior, se refiere a que la Administración valore recaudar las deudas generadas por prestaciones sanitarias que corresponden a accidentes de tráfico o asistencias a asegurados de compañías privadas que, según el Tribunal, descargaría los servicios jurídicos autonómicos.
Arruga ha señalado que esta recomendación era una cuestión con la que ya trabajaba el Ejecutivo y prueba de ello es que esta determinación de "nuevo precio público" está sujeta a un expediente en curso.
Otra de las recomendaciones es adelantar el plazo de rendición de cuentas a 30 de junio del ejercicio siguiente, que, según Arruga, es algo que el Gobierno riojano "está valorando y abordando con los centros gestores, aunque es el mismo plazo que contempla el Estado".
El Tribunal indica que la Administración no ha considerado al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su sector público al no mantener una posición mayoritaria en su Junta de Gobierno,
Arruga ha dicho que no comparte esta recomendación, dado que el Consorcio funciona bien y de una forma óptima como está diseñado, ya que, de lo contrario, se "encorsetaría" su funcionamiento,
En relación a la recomendación relacionada con que la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) fijase de forma detallada en las bases reguladoras de ayudas, la valoración de los criterios de otorgamiento, la consejera ha anunciado que "ya se ha atendido", por lo que las próximas normas ya contemplarán estos extremos.
Arruga ha manifestado su voluntad de seguir atendiendo aquellas recomendaciones con las que está de acuerdo el Gobierno regional y que ayudan a mejorar La Rioja, por lo que trabaja para implementar en la gestión los aspectos de mejora, aunque no serán valoradas por el Tribunal hasta que no fiscalice el ejercicio 2013.
Ha recordado que, para solventar las cuestiones relacionadas con los aspectos contables, el Ejecutivo aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que permite homogeneizar los criterios y la estructura contable de los distintos organismos autonómicos y entres públicos, así como mejorar la transparencia de la gestión pública.
Sobre la recomendación que el Tribunal formulaba para que se implantasen medidas organizativas para la confección de un inventario general centralizado, la consejera ha dicho que el pasado mes de enero se publicó la orden que fija los criterios para la formación, actualización y valoración del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma y su sector público.
A ello se suma las implantadas a través de la nueva Ley de Hacienda, que entró en vigor el pasado mes de enero y que atendía las relacionadas con una adecuada planificación presupuestaria y el control de las subvenciones.
El informe de 2012 aprecia "destacados avances en el cumplimiento de las recomendaciones señaladas por el Tribunal en fiscalizaciones de ejercicios anteriores", cuyas medidas son especialmente significativas en lo relacionado con la gestión presupuestaria, el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y la reordenación del sector público, ha explicado.
Para ella, esa reducción en el número de recomendaciones "reconoce la labor de este Gobierno por la mejora permanente de la gestión económica, el control de las cuentas públicas y el compromiso con la sostenibilidad de esta Administración".
La Rioja, junto a Murcia, Cantabria y Extremadura, mantiene el Tribunal de Cuentas como órgano externo de fiscalización y que realiza recomendaciones dentro de la actividad normal de este organismo, con el fin comprobar que "cada céntimo de dinero público tiene el destino adecuado", según la consejera.
"El informe anual de fiscalización es una actuación ordinaria y necesaria, que tiene como función el control de las cuentas y de la gestión económica, ya que todas las comunidades están obligadas a rendir cuentas ante órganos externos de fiscalización", ha dicho.
Ha indicado que es otra fase más de fiscalización adicional a los propios sistemas de fiscalización -servicios jurídicos e intervención- de los que disponen todas las comunidades autónomas.
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