El número dos de Administración Pública, imputado por persecución a un funcionario

Se trata del actual secretario general técnico y número dos de la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda, Ezequiel Fernández Navajas, y de los jefes de servicio de Coordinación Presupuestaria y de Conservación de la Naturaleza, F.M.R. y A.P.S., respectivamente, ambos de la Consejería de Agricultura.

En el otro lado, el querellante: Jesús María García, funcionario de la denominada Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial cuando acontecieron los hechos origen del litigio. Jesús María García continúa hoy en su puesto de agente forestal. Además, es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Calahorra -lo es desde 2007- y diputado regional de la misma formación política desde el 2011.

Entre las dos partes media la denuncia presentada por el citado agente forestal en abril del 2011 sobre unos hechos que se sucedieron dos años antes, en el 2009, que acabaron en una sanción administrativa contra el denunciante y que en opinión del fiscal permitirían la imputación de los tres denunciados. «La imputación se hará por la posible comisión de un delito contra la integridad moral» - artículo 175 del Código Penal- «u otros englobados en éste (por ejemplo, coacciones o amenazas)», refieren los dos escritos del fiscal dirigidos al juez instructor.

En el primero de ellos (29 de mayo del 2014), que solicita la imputación de Fernández Navajas -entonces secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente-, y de sus subodinados F.M.R. y A.P.S, el representante del Ministerio Público basa su petición en el contenido del texto de la acusación particular, «la documentación existente» y «las pruebas testificales practicadas».

Cuatro meses más tarde (11 de septiembre), el fiscal alerta al Juzgado que entiende del asunto de que el paso del tiempo podría provocar la prescripción de los delitos denunciados.

«Los últimos hechos que presuntamente evidencian una persecución contra el funcionario (y a la vez contra quienes le apoyasen) ocurrieron a mediados de noviembre del 2009», relata el fiscal. «El delito más grave prescribe a los 5 años», recuerda. E incluye en este segundo escrito un párrafo en el que implica a la Administración regional como responsable civil subsidiaria en el caso que del asunto se derivase una sentencia condenatoria: «Los imputados eran funcionarios del Gobierno autonómico y los hechos ocurrieron, presuntamente, en el ejercicio de sus funciones, por lo que el Gobierno autonómico debe ser parte en cuanto que de los hechos podría derivarse una responsabilidad civil», propone.