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E. SÁENZ
Jueves, 23 de octubre 2014, 01:10
El actual secretario general del PR+ y alcalde de Logroño por el PP hasta el 2007, Julio Revuelta, aseguró ayer que la sentencia del TSJR que condena al Gobierno de La Rioja a indemnizar a Progea con casi 300.000 euros por la fallida ecociudad - ... y que ha sido recurrida por el propio Ejecutivo- «confirma la connivencia de inicio de la Administración regional con unos particulares para promover un pelotazo urbanístico con el paraguas del interés regional (...) que quiso maquillarse con un concurso que no fue ni convocado». Y no sólo eso. «El fallo demuestra que era un mal proyecto que de haberse ejecutado hubiera hecho un daño irreparable a la ciudad; fue la recalificación pura y dura de un terreno protegido y supuso una invasión de las competencias municipales», añadió, avalando así la postura mantenida al respecto por los regionalistas desde el inicio de la polémica. Revuelta incidió en que la cifra de 300.000 euros impuestos por la Justicia se fundamenta en dos argumentos: que la declaración de zona de interés regional del monte El Corvo y el convenio urbanístico con las empresas promotoras -Progea y Luis Martínez Benito (LMB)- están íntimamente vinculadas y que la Administración regional tenía potestad de realizar o no ese convenio y, por lo tanto, hubo voluntad de pactar por parte del Ejecutivo.
El presidente del PR+, Miguel González de Legarra, sumó a la lectura jurídica una interpretación más política. «Pedro Sanz no buscó en ningún momento el interés general de los riojanos, sino perpetrar un pelotazo urbanístico». En ese marco contextualizó las «inconcebibles» decisiones adoptadas por el presidente regional, empezando por recalificar un terreno protegido que previamente habían comprado unos particulares. «Prefirió que el PP perdiera la Alcaldía de Logroño antes de permitir que sus amigos perdieran la ecociudad», sostuvo para defender la oposición de Revuelta al proyecto y el enfrentamiento al respecto mantenido con la entonces consejera del ramo, Aránzazu Vallejo. «Sé perfectamente de lo que hablo», dijo para rememorar las conversaciones mantenidas en el 2007 para fijar una posible coalición que diera a Revuelta la mayoría para gobernar. «Sanz no mostró ningún interés», reveló. Además de exigir que el presidente pague «personalmente» la indemnización, Legarra opinó que si LMB no ha seguido los pasos de Progea es «porque ha sido compensado con otros favores para adjudicar a Viamed las instalaciones de la Clínica Valvanera».
UPyD también se sumó al caso afirmando una nota que «la sentencia de la ecociudad demuestra la negligente gestión de Pedro Sanz».
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