La Ley de autoridad del profesorado no logra atajar el acoso a los docentes riojanos

El fenómeno se arrastra desde hace ya unos años y las autoridades, que tomaron conciencia de la nueva modalidad de lo que ya empezaba a convertirse en un serio acoso hacia el docente, modularon un instrumento, la Ley de Autoridad del Profesor -en marcha desde marzo del 2010- para combatir una lacra que tomaba fuerza.

Cuatro años de rodaje de una norma que ponía sobre el papel la condición de autoridad al maestro no han solucionado, a juzgar por los datos, el problema de indisciplina de las aulas. En La Rioja, por ejemplo, en los últimos siete cursos, se han puesto en conocimiento 60 casos de acoso a profesores, más del 95% de ellos en centros públicos.

Claro que este es el acoso que se conoce. Según José Manuel Reinares, asesor jurídico de Anpe, existe otro, el soterrado, que no se denuncia. El cálculo que hacen desde el Defensor del Profesor de este sindicato de profesores es que por cada situación de acoso que sale a la luz, cuatro se callan «porque en este país denunciar tiene consecuencias. Hay miedo y convivir diariamente con el acosador echa para atrás», abunda.

En cifras, los casos conocidos no varían mucho de un año a otro y oscilan entre los 15 que se registraron en el curso 2007-2008 y los 9 del 2013-2014. En la mayoría hay un denominador común: se producen en centros públicos, sólo esporádicamente se denuncia alguno en la concertada.

En cuanto al nivel educativo, en el último curso completo la mayoría (66,6%) se concentró en Educación Secundaria, el 22,2% en Primaria y el resto en Formación Profesional. Respecto a los efectos de la agresión, el 33,3% de los docentes acosados cogió la baja laboral, el 41,6% fue diagnosticado de depresión, y el 25% sufrió ansiedad.

Las situaciones de conflictividad que llegaron a manos del Defensor del Profesor fueron muy variadas, aunque las que más se repitieron fueron las agresiones de alumnos (3), seguidas de problemas entre compañeros-profesores (2) y conductas agresivas entre alumnos (2). También el curso pasado los docentes se encontraron con problemas para dar clase (1), faltas de respeto (1), amenazas de alumnos (1) y acoso por medio de fotos, grabaciones o Internet (1).

Protección jurídica inmediata

Reinares es de la opinión de que la Ley de Autoridad si no se acompaña de una protección jurídica y psicológica inmediata adecuada es papel mojado y, tal como cree que está sucediendo, «no sirve para atajar los problemas de convivencia en los centros escolares».

A esta falta de medidas que vayan de la mano de la ley hay que sumar la coincidencia de su llegada a las aulas con la crisis económica. La situación de «recortes» tampoco ha favorecido que salgan a la luz todos los casos de hostigamiento a profesores. En este punto, el también portavoz de Anpe, recordó al colectivo que sólo denunciando se puede acabar con esta lacra.

El acoso puede proceder del alumno, de los padres e incluso de los propios compañeros-profesores y de la administración. El de los progenitores ha sido uno de esos frentes que ha ido tomando fuerza con los años. Por lo general, «no respetan la autoridad del profesor dentro del centro, discuten las decisiones que toma el docente en el ejercicio de sus funciones, las decisiones académicas...». Las de alumnos se mantienen estables en el tiempo aunque lo que han cambiado son las herramientas que emplean para ejercitar las agresiones y en un buen número de ocasiones se escudan en el anonimato de Internet. En cuanto a las que tienen su origen en profesores y la administración, Reinares cree que son las más difíciles de denunciar, ya que «las posibles represalias y el miedo están detrás especialmente si se producen en centros concertados». El silencio es considerado por las víctimas el mejor compañero de viaje en esos momentos.