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José Antonio Del Río
Miércoles, 3 de septiembre 2014, 22:52
«Por tanto, y en base al conjunto de elementos subjetivos (...), temporales (...) y objetivos (...) es posible considerar de forma indiciaria que la cantidad aportada desde el PP nacional se correspondería con los 200.000 euros anotados en la contabilidad llevada por Luis Bárcenas, sirviendo ... este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial, y por ello introduciéndolo en el circuito económico financiero».
El categórico párrafo anterior corresponde a la última de las conclusiones del informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha elevado al juez Pablo Ruz a propósito de las diligencias que su Juzgado de la Audiencia Nacional tiene abiertas sobre el apunte que figura en los conocidos como papeles de Bárcenas y su presunta relación con la compra de la sede del PP en La Rioja (Duquesa de la Victoria) en el año 2008. Toma cuerpo en él la sospecha de que el apunte «Entrega a La Rioja, 200.000» en la que se tiene como contabilidad B del PP que manejaba Luis Bárcenas, según confesión del extesorero hoy preso en Soto del Real, se corresponde en dinero negro con la suma que, blanqueada y en concepto de donación, realizó sólo un mes más tarde la sede central popular a su homóloga riojana. «...Resulta significativo el hecho de que [la cantidad aportada por la sede central] coincida cuantitativamente con una de las anotaciones que figuran en los papeles de Bárcenas», dicen los investigadores.
Se refieren a «las declaraciones prestadas por Luis Bárcenas en sede judicial explicando que «esta cantidad se correspondía con fondos B que tenía la sede regional de La Rioja obtenida de varias donaciones, y que querían darle salida aplicándolos a la compra de la nueva sede».
Lapsos de memoria
Apunta la UDEF, igualmente, a que «la fecha de la anotación es próxima en el tiempo con respecto a la de la transferencia realizada finalmente» y advierte de que Génova, «para hacer entrega de esos 200.000 euros» tuvo que esperar «pues con anterioridad no tenían fondos suficientes» para afrontar dicha transferencia, a excepción de los primeros días hasta el 30/05/2008».
Y son las declaraciones, y los lapsus de memoria, de Carlos Cuevas y de Ana Elvira Martínez ante el juez Ruz el pasado mes de febrero las que terminan de señalar los indicios que aprecian los agentes de la UDEF: «Si a lo señalado con anterioridad se le suman algunas de las manifestaciones de la gerente... Ana Elvira Martínez, como que no había establecido ningún tipo de plan de tesorería para soportar las compras de los inmuebles, o que no se planteó la posibilidad de que la ayuda hubiese sido de menor cuantía que la dada y por ello no hubiesen llegado al importe total de la compra, da a entender que tenía la seguridad de que podrían asumir toda la compra». Y anotan los inspectores, especializados en la detección de delitos económicos y financieros, «que ésta [la gerente] no se planteaba que el PP central le pudiera efectuar más de una transferencia en concepto de ayuda para la compra, dando por hecho que la efectuada por los 200.000,00 euros era la única y exclusiva ayuda, y así también lo creía el secretario, Carlos Cuevas Villoslada», según se desprende de su declaración judicial. « Estos elementos ponen de manifiesto que debían conocer de antemano la cantidad que iban a recibir como aportación de la sede central, 200.000 euros, y que unido a los recursos propios de la sede regional serían suficientes para hacer frente a la segunda adquisición», concluye el informe antes de apuntar al juez Pablo Ruz la existencia de indicios de que «la cantidad aportada desde el PP nacional se correspondería con los 200.000 euros anotados en la contabilidad llevada por Luis Bárcenas, sirviendo este procedimiento circular para transformarlo en dinero oficial, y por ello introduciéndolo en el circuito económico financiero».
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