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EFE
Domingo, 15 de junio 2014, 14:22
El fiscal pide dos años y medio de cárcel al propietario de la fábrica de patatas fritas "Ricardo Lahera, S.A." de Alesón (La Rioja), donde en septiembre de 2010 murió una trabajadora por asfixia a causa de un incendio en las instalaciones.
Este juicio ... estaba previsto para el pasado 8 de abril, pero la acusación particular que representa a la madre de la fallecida se negó a pactar una pena de dos años de cárcel, por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra los derechos de los trabajadores, y mantiene una petición de siete años de prisión.
El Juzgado Penal 2 de Logroño celebrará la vista oral el próximo martes, 17 de junio, por unos hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2010.
16-9-2010
Según relata el fiscal en su escrito de acusación, ese día se produjo una combustión, como consecuencia directa de la falta de aislamiento eficaz en la chimenea que evacuaba los humos en la freiduría del obrador de la fábrica, que generó rápidamente llamas y una gran cantidad de humo.
Minutos antes, la víctima, una joven de 25 años, había subido a los aseos ubicados en una entreplanta interna del pabellón industrial, donde permaneció mientras el fuego se extendía y estaba ajena, por completo, a los intentos de algunos trabajadores para apagar las llamas.
Tampoco sonó alarma o sirena alguna en las instalaciones, que pudiera ser oída por el contorno de la fábrica.
Cuando la trabajadora trató de salir, el humo y las llamas se lo impidieron y falleció minutos después por asfixia.
La fallecida llevaba trabajando en esta empresa desde el 13 de julio de 2010 con la categoría de peón; era titular de un contrato eventual y había recibido una sesión de hora de formación, en la que se concentraron multitud temas, ninguno de los cuales referido a las medidas de emergencia.
Como la fábrica se dedicaba a la elaboración de patatas fritas y otros productos utilizando aceites a altas temperaturas existía el riesgo frecuente de producirse un incendio.
En dos ocasiones
De hecho, los bomberos acudieron a la fábrica en dos ocasiones en junio y agosto de 2009, por lo que un servicio de prevención de riesgos habría recomendado al empresario que señalizase los medios de protección y que nombrase a un jefe de emergencias, que organizase simulacros y otras medidas formativas.
Sin embargo, según sostiene el fiscal, no consta que la empresa hubiera tomado estas medidas y las carencias organizativas tampoco estaban compensadas con una adecuada formación de los trabajadores.
El fiscal solicita que el acusado y, de modo solidario y directo la compañía aseguradora y de modo subsidiario la empresa donde ocurrió el suceso, indemnicen a los padres de la fallecida en la cantidad que se determine en el juicio o ejecución de sentencia.
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