Presentan el borrador de la Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa

Arruga ha explicado que el texto, que desde hoy se someterá a participación pública a través del canal Participa de la página web del Gobierno www.larioja.org durante veinte y tres días, se enmarca dentro de la Estrategia Digital para una Administración Electrónica y de un amplio abanico de medidas que el Ejecutivo regional está adoptando para promover una Administración más ágil, accesible y transparente. Tras el periodo de consulta, el Ejecutivo riojano volverá a revisar el texto, que será aprobado posteriormente por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento para su tramitación.

La futura Ley consta de treinta y cuatro artículos estructurados en tres títulos: Preliminar, un Título I dedicado a la administración electrónica y un Título segundo relativo a la simplificación administrativa. A ello se añade nueve disposiciones finales que modifican leyes sectoriales. Y será de aplicación no solo a la Administración General y sus organismos públicos, sino también al resto de entes integrantes del sector público autonómico.

Impulso a al adminstración electrónica

De esta forma, el texto presta especial atención a potenciar y facilitar el uso de los servicios electrónicos que influyen en la relación de la Administración con los ciudadanos y a diseñar y desarrollar aplicaciones y procedimientos que faciliten el uso de los medios electrónicos con otras Administraciones Públicas, para que exista interoperabilidad entre los distintos sistemas y favorezca la reutilización por otras administraciones y entidades.

Arruga ha puesto como ejemplo "en el ámbito sanitario la implantación del historial clínico y la receta electrónica; en el ámbito empresarial la normalización de la factura electrónica; en el fiscal, la introducción de nuevos medios de gestión y pago telemático, y en materia de información al ciudadano el impulso de la página web del Gobierno de La Rioja.

Así, la futura Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa busca mejorar la relación con el ciudadano y para ello empieza por reconocer su derecho a disponer de un espacio personalizado en la web del Gobierno desde donde puedan acceder a la documentación que obre en poder de la Administración, así como el estado de la tramitación de los procedimientos que esté gestionando electrónicamente no sólo con la Administración General, sino también con organismos públicos como SERIS y ADER. Además, podrán recibir el documento acreditativo de la resolución del procedimiento y ser notificado de forma electrónica en vez de a través de los medios tradicionales, si así lo desea el ciudadano.

En el marco de esta Ley, y como novedad, se recoge la creación del Registro de representación electrónica de la Comunidad Autónoma de La Rioja que va a permitir que los procedimientos administrativos que se lleven a cabo de forma electrónica puedan ser realizados por terceras personas distintas del interesado.

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja impulsará, bajo criterios de simplificación administrativa, la aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos administrativos porque para la consejera de Hacienda este paso es "indispensable" para responder a una Administración del siglo XXI que busca ser más sostenible y eficaz.

Para ello, ha explicado Concepción Arruga, la CAR, a través de la Escuela Riojana de Administración Pública, está incorporando cursos de formación con los que se pretende mejorar la capacitación de todos los empleados del sector público en el conocimiento de las herramientas y aplicaciones necesarias para la implantación de la Administración electrónica.

Simplifación administrativa

Por otro lado, el borrador de la Ley de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa incorpora además una serie de directrices para reducir en la medida de lo posible los trámites y plazos de los procedimientos administrativos (autorizaciones, licencias, permisos, comunicaciones, declaraciones, notificaciones), consiguiendo así una Administración más eficiente y eficaz.

Para ello, y con carácter preliminar a toda actuación, introduce la obligatoriedad de llevar a cabo un análisis de reducción de cargas para que con carácter previo a la regulación de un procedimiento o proceso se determinen los trámites que pueden eliminarse o modificarse por resultar innecesarios o desproporcionados.

Asimismo, se establecen otras obligaciones de gran importancia, como la de revisar, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley, todos los procedimientos existentes al objeto de simplificar o eliminar cuantos trámites sean posibles; rediseñar los formularios de solicitud y de impresos de forma que se facilite y agilice su cumplimentación por los ciudadanos; se promoverá la sustitución de las autorizaciones administrativas por el uso de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, aprobando modelos tanto en papel como en soporte electrónico; se revisarán los plazos establecidos para la tramitación de los procedimientos, etc.