El PSOE pedirá al juez Pablo Ruz que impute a Cuevas en el caso Bárcenas

Luena, que anunció que en las próximas semanas presentarán al juez instructor de la supuesta financiación ilegal del PP el escrito en el que solicitan la imputación de Cuevas, hizo un repaso de los pasos dados hasta ahora por el PSOE en el caso Bárcenas que investiga la Audiencia Nacional.

Primero, desde Ferraz reclamaron que Cuevas y la gerente del PP en La Rioja, Ana Elvira Martínez, fueran llamados a declarar como testigos y así lo hacían el 5 de febrero pasado. Después reclamaron, también como testigos, la presencia ante el juez Pablo Ruz del arquitecto responsable de las obras de la sede de Duquesa de la Victoria, Javier Arizcuren, y del presidente de los populares riojanos, Pedro Sanz, «porque -dijo Luena en referencia a éste último- es quien sabe, ordena y manda».

Y a la espera de la respuesta a esta última solicitud, Luena dijo estar convencido de que «si hiciéramos una encuesta privada a 100 riojanos y les preguntáramos si creen que Cuevas llevó los 200.000 euros, los 100 dirían que sí, pero si les preguntamos si creen que fue Pedro Sanz quien se lo pidió, 101 dirán que sí».

Y el PP cierra filas

Poco después de que Luena anunciase la solicitud de imputación, el PP riojano volvió a cerrar filas, «desde el presidente hasta el último afiliado», en torno a su secretario general, «víctima de esta asquerosa persecución política» y acusó al PSOE en esta comunidad de estar cometiendo una cacería política. «Va a solicitar la imputación de un supuesto delito que ni tan siquiera existe, que no figura ni está previsto en el Código Penal», explicaban en un comunicado.

Aseguraron también que al PSOE «le gustaría imputar a todos aquellos a los que no pueden ganar en las elecciones, lo que demuestra la catadura moral de sus dirigentes». «Quieren ganar con enredos en los tribunales lo que no son capaces de ganar en las urnas», apostillaban.

Por ello, el PP anunció -antes insistió en que sus cuentas «están limpias y publicadas»- que se reserva el derecho a ejercer acciones judiciales contra quienes imputen falsamente la comisión de delitos.