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Lunes, 21 de abril 2014, 16:31
El reconocimiento como agente de la autoridad está bien... pero hay que avanzar en el reconocimiento social. Ese es el análisis que, a grandes trazos, realizan José Manuel Reinares desde ANPE Rioja y Mikel Bujanda desde CCOO. El más contundente es Reinares, que ... cree que «es ejemplarizante que las agresiones a los profesores se castiguen como atentado a la autoridad» ya que considera que servirá de freno para este tipo de acciones. «Son agresiones injustificables», reitera el responsable del sindicato.
Reinares defiende que se trata de «un salto cualitativo» en la defensa de los docentes y explica que la tipificación de este tipo de agresiones como atentado contra la autoridad por parte de los fiscales permitirá reducir todavía más estos casos y demostrará que «nadie tiene bula» en el ejercicio de la violencia.
Trabajo para el Gobierno
Desde CCOO, Mikel Bujanda señala que «siempre dijimos que el reconocimiento de autoridad para el profesorado está bien y que en ocasiones puede servir para proteger a los profesores». No obstante, considera que «no es tan necesario como el reconocimiento social, que es algo que lo tiene que hacer el gobierno de turno con gestos y hechos concretos que vengan a reconocer esa difícil tarea».
En cualquier caso apunta que «en La Rioja no hay demasiados casos penales» y que la mayor parte de los conflictos que se dan en una comunidad educativa «siempre se ha intentado resolverlos estableciendo normas de convivencia y procesos de resolución de conflictos». «Nosotros», concluye, «abogamos más por ese reconocimiento social y hay muchas experiencias positivas al respecto».
Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de La Rioja (FAPA Rioja), Gene Palacios defiende una postura diferente. La misma que cuando surgió el debate: «No es una ley necesaria». Palacios cree que «el respeto al profesor no se consigue con una ley de autoridad pública» y defiende que, en caso de que se quiera implantar una norma de este tipo es preciso «que sea extensible a toda la comunidad educativa». Por eso entiende que una ley específica no aporta nada y que una agresión de este tipo tendría que regularse por la ley general.
«No entiendo por qué un profesor debe tener más razón que un padre. Es más, puede darse el caso de padres que se sientan agredidos. Insisto en que la vemos innecesaria», dice Palacios, que cree que la norma no aporta ninguna mejora sustancial al proceso educativo de la región ya que, considera, «para que el profesor tenga respeto en el día a día es necesario que sepa ganarse al alumno por otras vías».
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