Más de 16.000 funcionarios riojanos se quedan, por ahora, fuera del acuerdo

A mediados de junio los sindicatos alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de la Administración General del Estado pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios. Este acuerdo recogía cuatro días de teletrabajo y uno presencial para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellas con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus. Para el resto, sin embargo, el sistema ordinario de trabajo se mantuvo en la modalidad presencial con la posibilidad de trabajar desde casa exclusivamente un día a la semana.

Por ello, y ante la inminente normativa que regulará el teletrabajo en el sector privado, los sindicatos de la Función Pública, entre ellos la CSIF, han reclamado que se extienda esta legislación a los empleados de la Administración. En el caso de La Rioja, el presidente de esta central en la comunidad, Jesús Vicente Hernández, asegura que «incluso antes de que se llegase a un acuerdo nacional –en referencia al de junio– en plena pandemia estuvimos mandando constantes escritos al Gobierno regional pidiendo que se nos convocase para negociar y establecer las normas que regulen el teletrabajo en esta comunidad autónoma». «Pero nos han hecho caso omiso», denuncia.

Hernández añade que los docentes o el personal dedicado a la tramitación de los ERTE «han echado muchas más horas de las que realmente les corresponden por su tiempo de trabajo». «Son circunstancias excepcionales y lo han hecho de mil amores, pero estamos casi a mediados de septiembre y el Ejecutivo todavía no ha establecido una compensación ni económica ni en días por los excesos de jornada realizados».

Hernández reconoce que «hay muchos empleados públicos que están teletrabajando porque con la pandemia se les mandó a casa de forma excepcional». Pero «ha sido, sobre todo, a voluntariedad de cada consejería o servicio en concreto, ya que la aplicación es restrictiva y dispar en criterios según los diferentes departamentos». Además estos funcionarios «tuvieron que tirar de equipos personales; no se les suministraron los medios informáticos necesarios para poder teletrabajar». Una denuncia que contrasta con los 1.200 escritorios virtuales que el Ejecutivo regional asegura haber instalado entre mediados de marzo (empezó con cien) y finales de mayo.