Más de 10.000 funcionarios riojanos y allegados, en riesgo de quedarse sin su atención sanitaria privada

Un modelo sanitario específico en riesgo de extinción y una amenaza terrible para el sistema público de salud. La atención sanitaria de 10.500 funcionarios riojanos (según la Delegación del Gobierno y CSIF) de la Administración del Estado y de sus allegados –1,5 millones de personas en el conjunto del país– está en peligro desde que este martes quedará desierta la licitación del nuevo convenio para la prestación del concierto de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), surgida en 1975, aunque los funcionarios de nuevo ingreso están obligatoriamente incluidos en el Régimen de la Seguridad Social desde enero de 2011.

A las 10 de la mañana expiraba el plazo para que las aseguradoras respondieran a la oferta del Gobierno de España para la renovación del contrato de Muface, pero Adeslas, Asisa y DKV, que prestan la asistencia en el convenio vigente, han decidido no presentarse, camino que tampoco emprendió ninguna otra compañía (Mapfre, que formó parte del sistema hasta 2009, ya lo descartó hace días) con lo que el concierto ha quedado desierto y abre un abismo de incógnitas a partir de 2025.

«Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación», ha señalado en un comunicado el Ministerio de Función Pública, que sacará a concurso la nueva licitación No obstante, el Ejecutivo central también ha recordado que «todos los mutualistas seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, con las prórrogas (entre seis y nueve meses más) y los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público».

El Ejecutivo sacó el pasado 8 de octubre a concurso público este, de momento, fallido nuevo concierto. En él ofrecía una subida de las primas del 17,12% (1.208,81 euros de media por mutualista al año, 176,69 más), insuficiente para unas compañías que reclamaban un alza del 40% para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del modelo, porque, esgrimían, la prima era un 30% inferior a los 1.736 euros que se invierte por ciudadano en la Seguridad Social.

De no solucionarse el problema, el impacto en el sistema público de salud sería de dimensiones descomunales. ASPE, la patronal de la sanidad privada, recuerda que diversos estudios estiman que con el actual modelo el Estado se ahorra 890 millones al año, pero la desaparición de Muface implicaría un gasto público extra de 1.000 millones por ejercicio, además de provocar un incremento en las listas de espera quirúrgicas del 115% y del 266% en consultas externas.

El malestar es evidente también entre el funcionariado. CSIF ha acusado al Ejecutivo de poner en riesgo un modelo que ha demostrado su eficacia durante décadas y, además, de exigir una reunión urgente al ministro, ha convocado movilizaciones para el lunes 11 de noviembre, en La Rioja, a las 12.00 horas, en el Espolón, frente a la Delegación del Gobierno.

El sindicato, que recuerda que ya advirtió de que la oferta del Ejecutivo era «cicatera», considera las condiciones del nuevo concierto, que ha motivado la salida de las aseguradoras, «elimina las garantías para que los más de un millón y medio de funcionarios y sus familias continúen recibiendo una asistencia sanitaria a través de Muface».

Otros más de 10.000 funcionarios riojanos y allegados (650.000 en España) adscritos a las otras dos mutualidades específicas de los empleados de la Administración General del Estado: Mugeju (Mutualidad General Judicial), con 350 mutualistas más beneficiarios y jubilados, según CSIF La Rioja; e Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), con 3.000 más beneficiarios, según el mismo sindicato riojano, se mantienen en una tensa espera tras lo sucedido ayer con sus compañeros de Muface. Su incógnita no durará mucho –el plazo expira este próximo viernes– y Adeslas y Asisa ya han avanzado que se presentarán a ambos conciertos.

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