La yihad entre aguas turquesas

La insurrección yihadista no suele irrumpir inesperadamente. El extremismo prende en comunidades con problemas sociales y económicos, receptivas a su mensaje de sublevación armada. Este territorio, de más de 78.000 kilómetros cuadrados y parcialmente islamizado por el ancestral comercio con mercaderes árabes, sufre los efectos de la globalización más salvaje. Las industrias extractivas han desplazado a los 'garimpeiros' o mineros locales, las empresas extranjeras han adquirido extensos predios y el gobierno ha concedido derechos de pesca a los grandes armadores.

La revuelta se coció a fuego lento, según explica el informe 'Guerra, desplazamientos forzados y respuesta a la crisis en Cabo Delgado', investigación de la ONG Ayuda en Acción con elaboración del Centro de Investigación por la Paz 'Gernika Gogoratuz'. Según su exposición, los primeros líderes, a principios de la pasada década, eran jóvenes fanáticos que propugnaban una visión más rigorista de la fe y que fueron excluidos de las instituciones religiosas locales. Ante el rechazo general, crearon sus propias mezquitas para difundir el credo radical y pusieron en marcha la entidad militante 'Ahlu Sunnah Wa-Jama' (Al Shabaab), más tarde conocida como Ansar Al Sunna.

Los primeros ataques se produjeron hace seis años y afectaron a instituciones estatales. Su intensificación llegó en paralelo a su expansión por los distritos septentrionales y centrales. La población comenzó a recelar ante las levas forzosas y un incremento de la violencia. Sin embargo, el gobierno de Maputo no parecía consciente de la dimensión del conflicto y permitió que aumentara hasta llegar a acometer ofensivas ambiciosas.

El mundo asistió sorprendido a su osadía en 2020. Los milicianos ocuparon las ciudades de Mocimboa da Praia, de 130.000 habitantes, y Palma, de 20.000, y entonces se descubrió la enorme magnitud del problema. Los ataques provocaron huidas en masa y el primer interés de los medios de comunicación internacionales. Total Energies paralizó temporalmente su ambiciosa iniciativa en la costa ante el riesgo que comportaba para sus empleados.

Pero el interés ha cesado. El mundo se ha olvidado del norte de Mozambique tras la reconquista de las dos urbes, cuando, en realidad, el conflicto no ha dejado de crecer. En los dos últimos años no se han producido golpes tan espectaculares como los anteriores, pero la superficie afectada sigue incrementándose. Los rebeldes avanzan hacia el sur, han invadido las provincias de Nampula y Nyassa y proliferan los 'raids' contra las aldeas, tal y como llevaba a cabo Boko Haram en el norte de Nigeria.

Las milicias son conocidas como Al Shabaab, aunque no poseen una conexión formal con la guerrilla somalí, y ejecutan sus acciones mediante células autónomas. No hay constancia de miembros extranjeros, aunque se asegura que cuentan con instructores foráneos. Algunos de sus golpes también han sido atribuidos al Estado Islámico de África Central, presente, asimismo, en la región de Grandes Lagos y Uganda.

La destrucción de las estructuras económicas, con amplias zonas abandonadas, recuerda el panorama en Burkina Faso. Una red asistencial, apoyada en la solidaridad internacional, sustenta a cientos de miles de personas que han perdido su hogar. La difícil situación humanitaria contrasta con el optimismo oficial. A finales del pasado año, el presidente mozambiqueño Felipe Nyuisi anunció el comienzo de las exportaciones de gas natural licuado y la esperanza de convertirse en uno de los diez proveedores más importantes del mundo.

La esperanza de los grandes también resulta ajena a la descomposición del tejido social. La firma Total espera iniciar el próximo año la explotación de Cabo Delgado con un horizonte productivo de 43 millones de toneladas anuales. Hay otros negocios menos éticos que sostienen la economía local. Como sucede en el Sahel, la insurrección yihadista local también aparece vinculada a flujos ilícitos, caso de la madera, el marfil, las piedras preciosas y la heroína asiática.

La miseria y la precariedad de los servicios públicos son algunas características del escenario en el que se desarrolla el yihadismo. Mozambique cumple con esas señas de identidad. A pesar de sus recursos naturales y elevados índices de crecimiento, superiores al 7%, la antigua colonia portuguesa se encuentra entre los diez países más pobres del mundo. El progreso macroeconómico no se traduce en mejores condiciones para la ciudadanía.

El Estado de Derecho no se ha consolidado y entidades como Amnistía Internacional denuncian las maneras autoritarias del régimen. No se trata de nada nuevo. La violencia política ha acompañado la existencia de un país que aún no ha cumplido el medio siglo de existencia. El territorio se independizó de Lisboa tras una insurrección anticolonial protagonizada por el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) que, desde entonces, sigue en el poder. En 1977, tan sólo dos años después de la proclamación de la nueva república, un régimen de espíritu socialista, el país se precipitó en una contienda civil de grandes proporciones.

El conflicto fue una de las últimas manifestaciones de la política de bloques. El partido gobernante se enfrentó a la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), organización guerrillera surgida de la disidencia de la milicia del Frelimo y sustentada por los regímenes segregacionistas de Sudáfrica y Rhodesia, la actual Zimbabue. Tras un millón de muertos, la paz se firmó en 1992, pero la tensión entre ambas formaciones ha permanecido latente e, incluso, provocó otra insurrección entre 2013 y 2017.

La violación de los derechos humanos en Cabo Delgado no ha finalizado. Durante las primeras fases de la ofensiva islamista, el gobierno mozambiqueño y las empresas perjudicadas intentaron contrarrestarla con la contratación de empresas privadas de seguridad, fundamentalmente sudafricanas, pero también a la ubicua Compañía Wagner. Su actuación resultó tan decepcionante que se creó una fuerza especial, a la manera de lo que sucedió en Mali, por ejemplo.

La Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional en Mozambique (Samim) es una fuerza multinacional que lucha para recuperar el control sobre las zonas afectadas. Pero su rol es objeto de controversia. El cuerpo, con importante presencia de tropas ruandesas y sudafricanas, ha sido acusado de perpetrar abusos sobre la población, principalmente robos, extorsiones y ejecuciones extrajudiciales. A principios de este año, la difusión de un vídeo mostrando la quema de cadáveres alertó sobre su estrategia de represión.

La amenaza sobre Mozambique no es sólo de carácter sectario. El cambio climático se ha cebado sobre el país convertido en una fuerza devastadora. Las tormentas tropicales se suceden sobre ese país, Malawi y Zimbabue, principalmente, con una intensidad que carece de precedentes. Hace cuatro años, el ciclón Idal se adentró en el cono austral generando todo un mar interior, provocando 1.000 víctimas mortales y llevándose consigo los medios de subsistencia de 3 millones de personas.

Los transportes de droga cruzan el desierto de Níger rumbo a las costas del Mediterráneo. La yihad también comparte espacio con estos flujos. No sólo en el Sahel, también en el Océano Índico. La heroína viaja desde Afganistán a la costa pakistaní de Makran. Allí es estibada para realizar, en los barcos tradicionales o 'dhow', una travesía que la conducirá hasta el norte de Mozambique. Pequeñas embarcaciones recalan en sus playas, aunque también existe otra ruta, nutrida por naves dotadas de grandes contenedores, que la deposita en los puertos de Beira o Nacala.

Los traficantes evitan la costas de Kenia y Tanzania, y recalan en el país austral, donde, según un informe publicado por London School of Economics and Political Science, cuentan con la protección de la elite dirigente. El tráfico de heroína y drogas sintéticas se sirve de la N1, una carretera que conduce desde el noreste al suroeste del país y alcanza la frontera sudafricana. Las metanfetaminas se distribuyen internamente en este país y la mercancía clandestina es enviada a Europa.

El análisis apunta un volumen de negocio que varía entre las 10 y las 40 toneladas con un valor por unidad cercano a los 18 millones de euros. El estudio señala que, actualmente, representa la segunda partida de las exportaciones mozambiqueñas después del carbón, con un montante de entre 550 y 730 millones de euros.

Los transportistas del subcontinente indio han mantenido estrechos contactos con el gobierno mozambiqueño a lo largo del último cuarto de siglo, cuando la paz entre el Frelimo y Renamo hizo posible la utilización de las infraestructuras viarias de este país. David Matsinhe, investigador de Amnistía Internacional especializado en los países de habla portuguesa, asegura que esta protección es una manifestación más de la estrategia de la elite local, interesada en vender los recursos naturales al mejor postor siempre en su propio provecho.

¿Y qué rol asumen los yihadistas en este comercio? Todos los indicios apuntan a que se han integrado en este tráfico tan suculento tras hallarse cargamentos de heroína en una de sus bases abandonadas. Ni siquiera la guerra y las convicciones acendradas pueden con los grandes negocios.