Vladimiro Montesinos, el hombre que compró Perú

La república latinoamericana se hundió en el infierno en 1980. La acometida del terrorismo y la violenta respuesta del régimen condujeron al país a un periodo oscuro conocido como de la Pacificación Nacional. Diez años después, Alberto Fujimori, un político de ojos rasgados y talante populista, batía en las urnas a Mario Vargas Llosa, gloria nacional y uno de los grandes de la literatura hispanoamericana. Poco después de su acceso al gobierno, nombró a Montesinos jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y se convertía en su principal asesor presidencial. Era el principio de un periodo especialmente siniestro en la política peruana.

Vladimir Ilich Lenin Montesinos era hijo de un individuo con principios marxistas. No parece que los trasmitiera a su vástago. El asesor destacaba por su gran ambición y la falta de escrúpulos, como recogen las miles de pruebas en su contra. Miembro de la burguesía provinciana, había medrado en el seno de las Fuerzas Armadas durante el régimen de Juan Velasco Alvarado, cuando el Ejército controlaba el ejecutivo. Su ascenso vino propiciado por su condición de asistente del general Edgardo Mercado, que llegaría a ser primer ministro.

Pero su ambición precipitó el primer revés importante. En 1976 voló a Washington para entregar documentos militares secretos a la CIA. Entonces, el régimen peruano era el único de signo izquierdista en todo el continente y la Casa Blanca estaba muy interesada en un posible conflicto con el Chile de Pinochet. Fue un error de cálculo que acabó con su carrera castrense.

Montesinos supo reinventarse y, sólo dos años después, tras falsificar su expediente académico, ejercía como abogado en la Corte Superior. Los traficantes de drogas eran sus principales clientes. En 1990 representó a Alberto Fujimori, un candidato presidencial más, de las acusaciones de fraude y transacciones irregulares de bienes inmuebles. Cuando el aspirante a presidente alcanzó el poder lo convirtió en factótum. Comenzaba la leyenda.

Las artes del Rasputín andino, como fue conocido, quedaron manifiestas en 1992, cuando el gobierno dio un autogolpe suspendiendo la Constitución y disolviendo el Congreso. El asesor se encargó de la depuración del poder judicial y los cuerpos de seguridad y, paralelamente. Puso en marcha una ley de arrepentimiento que persiguió, con éxito, la división de los senderistas entre aquellos que elegían la vía política y los partidarios de la continuidad de la lucha armada.

Los nubarrones se arracimaron sobre la escena pública limeña a finales de los 90. La atmósfera se enturbió con la afirmación de Demetrio Chávez, capo peruano de la cocaína, de que pagaba 50.000 dólares mensuales a Montesinos a cambio de protección. Era una acusación grave, pero sólo suponía el principio. En 1997 una agente de los servicios secretos fue torturada y luego se halló el cuerpo decapitado de Mariela Barreto.

El escándalo estalló con estrépito en 2000. La credibilidad del gobierno resultó dinamitada tras la difusión televisiva de un vídeo en el que el Montesinos entregaba dinero a Alberto Kouri, congresista de la oposición, para comprar su favor. Era el principio del fin. Fujimori dimitió y convocó elecciones. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció a Montesinos por la comisión de delitos de genocidio, tortura, terrorismo, lesiones graves y homicidio.

La posterior cascada de acusaciones parecía no tener fin. Las autoridades suizas revelaron la existencia de cuentas secretas con un montante de 48 millones de dólares y la justicia inició un proceso que revelaba la extensa red de corrupción urdida dentro del gobierno. La costumbre de grabar sus encuentros generó más de mil vladiaudios y vladivídeos, pruebas irrefutables de su singular manera de hacer. El acusado compraba a políticos, banqueros o empresarios, para afianzar lealtades. Aún en setiembre de aquel año, Fujimori le concedió 15 millones de dólares por la comisión de servicios que luego atribuyó a un pago para evitar que su segundo perpetrara un golpe de Estado. Huyó a Venezuela y fue extraditado.

Perú contempló su venalidad en televisión y decidió castigar al instigador con ejemplaridad. Los años de prisión para Montesinos aumentaron a medida que las sentencias condenatorias se sucedían. En julio de 2002 se le aplicaron 9 años por un delito de usurpación de cargo porque no había sido oficialmente nombrado para dirigir el SIN, en 2003, cinco por tráfico de influencias y, un año después, la pena alcanzó los quince por hurto de bienes públicos, asociación ilícita y corrupción.

Pero hay más, y es aún peor. Se presume que Barreto fue asesinada, y descuartizada, por desvelar los secretos del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por nuestro protagonismo. Entre otras fechorías, los paramilitares, se les atribuye la matanza de la Cantuta, el secuestro de un profesor y nueve estudiantes universitarios que fueron ejecutados y enterrados en una fosa común.

La historia resulta excesiva incluso desde el prisma del realismo mágico latinoamericano. Montesinos parece recorrer toda la tipología delictiva. Ni siquiera la cárcel ha podido quebrantar el espíritu conspiratorio del antiguo oficial. Hay grabaciones que demuestran su participación en las campañas de Keiko Fujimori, la hija de su mentor, intentando llevar a cabo sobornos desde el penal mediante numerosas llamadas. Vladimir es el rayo que no cesa, ni siquiera entre cerrojos de presunta alta seguridad.