El reparto de cargos de la UE se fía a otra maniobra a la desesperada

Toda una noche en vela, 18 horas de bilaterales y encuentros restringidos, con solo cinco en gran formato (a Veintiocho), marcaron ese cónclave de las nominaciones que había arrancado la tarde del 30 de junio y que se suspendía pasadas las doce del mediodía del lunes ante el riesgo de que entrará en barrena. Porque el agotamiento amenazaba con fricciones entre los líderes que podrían acusarse en el futuro.

Así que se pulsó el botón de 'standby'. «Ha sido un fracaso. Hemos dado una mala imagen, así que nadie puede estar satisfecho», se lamentaba el francés Emmanuel Macron al abandonar la sede del edificio Europa, el centro de la refriega. Lo hacía minutos después de que el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, anunciase que se había optado por 'congelar' la cumbre, y retomarla mañana a las once de la mañana «y si es necesario continuar con un almuerzo de trabajo» (sobre la marcha se corrigió esa previsión. Al principio se había hablado de 'cena'). El acuerdo (si lo hay) llegaría en tiempo límite, antes de la votación el miércoles en Estrasburgo del presidente de la Eurocámara.

«La sensación es de frustración», aseguraba Pedro Sánchez. «La disparidad de intereses» había hecho naufragar el acuerdo. Mientras que Merkel, con más temple, huía del derrotismo y aceptaba la suspensión como la mejor vía para evitar una toma de decisiones «precipitada» que acabara enquistando las «tensiones en el Consejo durante los próximos cinco años». «No importa si nos lleva otro día o dos llegar a un acuerdo. Será complicado, pero también posible», reforzó. ¿Con qué aspirantes?

Cuando se llegó al punto de bloqueo, la presidencia de la Comisión Europea seguía respondiendo al nombre de un socialista, Frans Timmermans; la Eurocámara servía como contraprestación para el popular Manfred Weber, el cabeza de lista del partido que ganó las elecciones del pasado 26 de mayo. Y esa misma familia política aspiraba también a controlar el Consejo, con una exvicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Kristalina Georgieva. Sonaba Michel Barnier, negociador del 'brexit', para la cartera de Exteriores; y la liberal Margrethe Vestager como primera vicepresidenta de la Comisión. Otros nombres entraron y salieron de esa lista (como los belgas Charles Michel o Guy Verhosfstad, ambos liberales); la presidencia del Consejo pivotó entre ese grupo y el conservador; y la de la Eurocámara se movió entre el mandato único para Weber por cinco años y la opción 'partida' para dar entrada a un aspirante liberal.

Eran las consecuencias del pulso entre las fuerzas progresistas y el Partido Popular Europeo (PPE), que no hallaba compensación por ceder a un socialista esa suerte de Jefatura de Estado que es la Comisión Europea. Y eso que Alemania lo había dado por bueno con un apaño aparentemente cerrado el sábado en Osaka, con Francia, España y Países Bajos, durante la cumbre del G20. Fue recibido en la capital comunitaria con una oposición contundente del PPE. «No ha respetado el acuerdo que habían logrado Timmermans y Weber y que también apoyaban los liberales», aseguró el presidente español en funciones negando que ese pacto se hubiese pergeñado a espaldas de los grupos a más de 9.000 kilómetros de distancia de Bruselas. Él, como también Macron, ensalzaron el papel «constructivo» de Merkel. La exculparon del 'lío'.

La cuestión es que el paquete de cargos tenía que responder, además de a equilibrios políticos, a geográficos y de género. El objetivo era lograr un consenso que lo hiciera compacto. La apuesta estaba en conseguir que concitase una mayoría cualificada reforzada de 21 países representando al 65% de la población. Pero ni tan siquiera se llevó a votación para evitar que el fiasco tuviese una marca más gruesa. «Diez u once países» rechazaban a Timmermans, la propuesta completa o el procedimiento que la había gestado. El dato lo aportó el ministro Giuseppe Conte. Italia estuvo entre los díscolos desde el principio, convirtiéndose en aliado del 'eje del mal' como se conoce al grupo de países de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) a los que el socialista neerlandés ha colocado entre la espada y la pared con varios expedientes abiertos por sus políticas contra el Estado de Derecho.