Segunda sentencia favorable a Johnson sobre la suspensión del Parlamento

El abogado de Miller, David Pannick, argumentó durante la vista del jueves que la suspensión constituye un abuso de poder. «Quiebra el principio legal de la soberanía parlamentaria porque su efecto es eliminar la capacidad del Parlamento de promulgar la legislación que considere conveniente», afirmó. Reconoció que el primer ministro tiene el poder de suspender el Parlamento, «pero hacerlo durante cinco semanas en tal momento crítico» no es requerido para presentar su programa legislativo.

Las causas emprendidas contra el Gobierno tras el anuncio de la suspensión, el 28 de agosto, han quedado deslucidas porque el Parlamento ha aprovechado los días anteriores a la suspensión para aprobar una ley que impediría la marcha sin acuerdo. La tramitación de la ley culminará el lunes, antes de recibir el sello real.

El Gobierno estaría sufriendo ahora las consecuencias de la suspensión, porque está empeñado en provocar unas elecciones anticipadas el 15 de octubre, pero si no logra que los Comunes apoyen la convocatoria el lunes, la suspensión del Parlamento significa que solo podría acordarse a partir del 14 de octubre para que las elecciones se celebren en noviembre. El Gobierno ha recortado con su decisión su propio margen de maniobra.

Los tribunales seguirán su curso dictaminando sobre las cuestiones de principio. Un juez escocés ya rechazó el miércoles la petición de más de setenta diputados, por considerar que se trata de una cuestión política, ahora es el Tribunal Superior, que publicará sus argumentos la próxima semana, y hay otro caso en Belfast. El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en Inglaterra y Gales, y con áreas de competencia limitadas en recursos a sentencias de los tribunales escoceses, ha decidido fundir las peticiones y analizarlas a partir del día 17.

Pannick y el equipo legal del caso en Londres han logrado que el Gobierno entregue documentos al Tribunal, correspondencia interna en Downing Street entre los funcionarios y políticos que analizaron la idoneidad y efecto de la suspensión y tomaron la decisión. Los documentos muestran que era una estrategia planeada y los abogados están demandado declaraciones juradas de los participantes sobre los hechos.